Por Martín R. Santos. El Observatorio de Empresas Transnacionales de FOCO ha lanzado recientemente un reporte sobre la actuación de la empresa Cargill, de origen estadounidense. El mismo estuvo desarrollado por Hernán Medina como parte del Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transnacionales Agroalimenticias y Agrocombustibles.
En el punto 2 de dicho reporte se comentan las infracciones que Cargill comete a las Normas de la Organización de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Social Empresaria, que tienen como principal objetivo el resguardo de los derechos humanos en el sector privado.
Entre las responsabilidades que deben asumir las empresas, estas normas promueven:
· Garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
· No violar ni sacar provecho con la violación de la seguridad de las personas;
· Proteger los derechos laborales, que incluyen el derecho al no sometimiento a trabajos forzados y la no explotación de menores de edad, el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, remuneración adecuada y libertad de asociación.
· Evitar la corrupción manteniendo la transparencia.
· Respetar los derechos económicos, sociales y culturales.
· Garantizar la protección del usuariado, la seguridad pública y la protección ambiental en sus actividades empresariales y prácticas de comercialización, incluyendo el respeto al principio de precaución.
Entre las infracciones comentadas por Medina, se encuentran algunos problemas ambientales y de soberanía territorial que son generados por la actividad de la empresa. En el informe se postulan algunos casos interesantes, en el ámbito de estos dos temas, que analizan diversas circunstancias vividas en las comunidades con las cuales interactúa Cargill>>>
Uno de los emblemáticos casos ambientales es el de Bahía Blanca / Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el tercer polo petroquímico más grande del país. Allí, la planta de almacenaje de B.B. se presenta como “una ciudad portuaria con costas tomadas y una ría tóxica que expulsa a sus pescadores”. Las corporaciones (entre ellas Cargill) dicen que en los últimos años invirtieron en la zona US$ 2.000 millones y anuncian nuevas obras, mientras el vecindario denuncia “problemas respiratorios, de piel y alergia en la vista” y “el nivel de contaminación es tal que desde principios del siglo XXI se han venido realizando movilizaciones en pos de una mejor calidad de vida”.
En agosto de 2007 se reunió una Comisión Técnica para realizar la Séptima Auditoria
Anual del Programa Integral de Monitoreo (PIM), determinando que Cargill vierte directamente a la red cloacal “superando el límite para los SS 10 minutos”, por lo que fue notificada y se le exigió la normalización de la situación (cosa que no ocurrió y por ende se labró un acta que fue girada a la Autoridad del Agua).
Además, más allá de que las mediciones de emisiones de gases dieron dentro de los parámetros permitidos, algunas Organizaciones Vecinales denunciaron que el Comité Técnico o la Municipalidad tienen dificultades para ingresar a los predios de Cargill y otras cerealeras.
Otro caso en Santa Fe. Se trata de Gobernador Galvez, cerca de la ciudad de Rosario, en donde Cargill adquirió terrenos de un área residencial (mediante la modificación gubernamental del Código urbano para denominar la zona como “industrial”) a fin de construir un complejo de tratamiento de derivaciones de la soja, almacenaje, estacionamiento, descarga de camiones y un puesto de embarque que se introducirá en el Río Paraná.
Lo hizo –luego de presentar un informe de impacto ambiental aprobado por el Gobierno y desaprobado por las organizaciones sociales por insuficiente- a pesar de normativas provinciales que dicen que este tipo de industrias debe distar como mínimo dos kilómetros de los lugares de residencia y de una ordenanza municipal que indica que la costa de esos terrenos es una “reserva ecológica”.
El proyecto fue resistido por el vecindario, quienes deben convivir con el complejo, porque en períodos pico de cosecha recibe 2.500 camiones por día y porque la empresa adquirió calles públicas para favorecer la entrada y salida de sus vehículos.
“La cerealera compró las casas aledañas y las derrumbó con topadoras a fin de evitar que las ocupen personas intrusas. Para colmo de males no limpian los escombros y no construyó la pantalla arbórea para proteger a quienes decidieron no abandonar sus propiedades. Gran cantidad de habitantes del barrio vendieron sus propiedades por miedo a la contaminación. Según testimonios también aumentó la inseguridad porque hay saqueos en las viviendas cuyo propietariado dejó el lugar pero sin venderlo”, destaca el estudio.
El 30 de abril de 2004 la Organización Taller Ecologista presentó, ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe, unas primeras observaciones al Informe Técnico Preliminar sobre la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Cargill S.A.C.I., destacando “la falta de difusión y participación ciudadana, el tipo de inversión, enmarcado en el actual modelo agropecuario argentino basado en el monocultivo de la soja”. Y aclara el reciente estudio que, más allá de la reactivación económica que la soja produjo por su valor en el mercado internacional, “está dejando enormes impactos ambientales y sociales y una deuda ecológica a futuro”.
Uno de los datos interesantes que se reflotan es que, en el marco de las protestas vecinales y los reclamos legales –ante la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo- se contó con el respaldo de la investigación de Brewster Kneen, autor del libro “El gigante invisible: Cargill y sus estrategias transnacionales”, que aparenta no dejar bien parada a la empresa…
Sustancias cancerígenas. Una de las cuestiones publicadas que menos se desarrollan pero más llaman la atención es la utilización de un pesticida reconocido como fuertemente cancerígeno que es mezclado con granos de soja para luego venderse a empresas que producen sustancias alimenticias.
Luego de reconocer su utilización, los directivos de Cargill esgrimieron que “una parte del empleariado en la planta de Rojas separa las semillas contaminadas grano por grano, supervisado el tema por un escribano contratado”. El informe de FOCO advierte que esto es más que peligroso porque “en primer lugar no se garantiza la salud del empleariado al exponerlo a sustancias cancerígenas sin ningún tipo de protección” y “no se garantiza a la población que no esté consumiendo productos alimenticios” con dicha sustancia (órgano clorado).
Otros problemas destacados por FOCO
A) En Puerto San Martín, provincia de Santa Fe, sobre la ribera del río Paraná, “Cargill ordenó la mudanza de un monumento histórico nacional donde se libró en 1846
la batalla de Punta Quebracho (que significó el comienzo del fin del bloqueo anglofrancés) a dos kilómetros del sitio original, tras la compra del predio circundante”.
B) Cargill es conocida como “de las empresas que menos respeta a los sindicatos. Tampoco mejora las condiciones de trabajo y salubridad de los trabajadores. En Brasil hay trabajos serios que demuestran las insoportables condiciones laborales al incrementarse el ritmo de trabajo. Es de suponer que lo mismo ocurre en Argentina. De hecho, hay numerosos reportes que denuncian la tercerización y trabajo negro en la firma…”
C) “En julio de 2006 la empresa mantuvo un duro cruce con el Sindicato de Camioneros. Éste levantó un fuerte cerco contra 14 plantas de Cargill ubicadas en las localidades bonaerenses de Bragado, Chivilcoy, Lobos y Colón en pos de la regularización de unos 3.000 choferes vinculados indirectamente a la empresa”.
Fuente: www.foco.org.ar
Fotografía: Planta de almacenaje de Cargill en Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Aires)/ Foco
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Programa de Vigilancia Social hace foco en los pecados de Cargill
Anuario 2007: la edición impresa de Revista Sinergia
Por Martín R. Santos. Dos meses después de mi última colaboración en este espacio dedicado a la responsabilidad social, retomo mi labor. Pido perdón por la pausa y aprovecho para contarles que, luego de mucho trabajo, hemos terminado la edición del Anuario 2007 de Revista Sinergia en la imprenta. Si todo sale como está previsto, a finales de este mes tendremos en nuestras manos la versión papel de la primera revista académica sobre RSC y desarrollo sostenible.
En más de 120 páginas hemos incluido los quince trabajos, entre artículos inéditos y traducciones, que protagonizaron el primer año de vida de este proyecto. Como bien destacamos en la editorial, estas primeras tres ediciones del medio estuvieron signadas por muchas ideas, objetivos cumplidos y esfuerzos compartidos.
El primer abordaje que realizamos fue sobre el concepto de responsabilidad social empresaria y el de aquellos que lo rodean, como el marketing social corporativo. Luego dimos lugar a la legislabilidad de la materia, a las diferentes propuestas de encararla y a otras alternativas, como la de los estándares internacionales, pues creemos que es uno de los temas que más contradicciones plantea respecto al discurso de los grupos de interés que participan del ámbito de la responsabilidad social. En la tercera etapa, así como proyectamos en lo sucesivo, encaramos un perfil más práctico, intentando plantear la comunicación como eje central de los trabajos a desarrollar. Y así surgieron propuestas sobre el reporte social, sus garantías, los modelos de trabajo, las experiencias e incluso el lugar desde el cual deben realizarse e informarse dentro de la empresa estas cuestiones.
Gracias a profesionales, estudiantes y docentes que se acercaron con sus desarrollos teóricos y prácticos, pudimos convertir en logros los objetivos planteados al comienzo. Entre los aportes, estuvo el de Xevi Agulló, director de este Blog Responsable, cuyas ideas han resultado verdaderamente inspiradoras y útiles. También recibimos la colaboración de especialistas de Argentina, España, Chile, México, Bolivia, Estados Unidos y Canadá, lo cual da cuenta de que se ha generado un genuino espacio sinérgico.
A modo de anticipo, quiero compartir las reflexiones finales del prólogo escrito especialmente para el Anuario 2007 de Revista Sinergia por Bernardo Kliksberg, especialista en RSE y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Prólogo al Anuario 2007 de Revista Sinergia, fragmento
Por Bernardo Kliksberg
“(…) La idea de empresa socialmente responsable, con esta agenda amplia, tiene alta relevancia para América Latina. Se consideraba en la región que una empresa era responsable si pagaba a tiempo los sueldos y cumplía con los impuestos. Es mucho más lo que se necesita. En una reciente encuesta de credibilidad en la Argentina (CEOP) los entrevistados ubican a los grandes empresarios en uno de los últimos puestos. Las empresas deberían estar a favor de nuevos pactos fiscales que aseguren el financiamiento de una educación y una salud universales, combinarse con el Estado para abrir fuentes de trabajo reales a los jóvenes excluidos, mejorar su aporte de donaciones (cuyo porcentaje es actualmente muy bajo en relación a los países desarrollados) y aportar sus tecnologías como así también alta gerencia, canales de distribución y espacios en Internet a los grandes programas de enfrentamiento de la pobreza y mejora de la equidad.
Hay líderes empresariales que han percibido que la RSE es imprescindible, pero hay que institucionalizar la educación en ella.
Las universidades públicas y privadas deben formar seriamente a las futuras generaciones de CEOS, y gerentes de todo orden en este terreno.
Por otra parte hay que impulsar y apoyar vías como: la investigación y la generación de conocimiento académico en torno al tema, el rescate de las buenas prácticas, la difusión y debate en los medios, iniciativas tan útiles y auspiciosas como Revista Sinergia y otras semejantes.
Una educación hacia la ética empresarial cuenta con argumentos formidables. Primero, es bueno para la sociedad en su conjunto. El MIT dice en su nuevo llamado a aspirantes a su prestigioso MBA:
En el continente más desigual, se necesita mucha más RSE. No es una opción, es una demanda histórica”.
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Análisis de la nueva Ley de Balance Social en Buenos Aires
Por Martín R. Santos. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 2.594 que fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BSRA), con el objeto de promover el comportamiento social y ambientalmente responsable y sustentable por parte de las organizaciones comprendidas.
La primera particularidad que presenta la letra de dicha norma está dada porque se presenta a sí misma como "voluntaria" y propone que, por excepción, será obligatoria para las empresas que tengan más de 300 personas empleadas y a su vez tengan un ingreso anual superior al fijado por la Resolución SEPyME Nº 147/06.
Según esta última resolución, serán obligadas las compañías que superen, de acuerdo al sector económico en el que se encuentre su actividad, los montos que se detallan a continuación (en pesos / valor de referencia: 1€ = $3,8):
* para el sector agropecuario, $18.240.000.
* para la industria y la minería, $60.000.000.
* para el comercio, $88.800.000.
* para los servicios, $22.440.000.
* para la construcción, $24.000.000.
Aplicación
Vemos así, un doble ámbito de aplicación:
1) En cuanto a las empresas que se sometan voluntariamente a estos postulados, "podrán obtener beneficios promocionales, establecidos por vía reglamentaria, relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación", según indica el artículo número 3.
2) Respecto a las que deban reportar obligatoriamente, deberán hacerlo de forma anual ante el Gobierno de la Ciudad, quien luego dispondrá su publicación para que el balance sea de libre acceso al público en general..
Contenido
Muchas cuestiones como el contenido mínimo que deberá incluir cada reporte aún no se han estipulado y dependerán de la reglamentación de la norma citada. Sin embargo, se adelanta en el artículo 7 que deberán utilizarse como base los indicadores señalados (Ethos, GRI, AA1000), de modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.
Los términos enunciados para el Balance Social no excluyen la ampliación, por las organizaciones comprendidas, de la información de los ítems expuestos. Pero entre los requisitos, a modo de principios generales a ser tenidos en cuenta, se citan las condiciones de equidad y los aspectos sociales y ambientales. De ello, se asumen que:
• La equidad está referida a impulsar todos los cambios culturales necesarios eliminar las diferencias y privilegios de género, e igualar las condiciones entre mujeres y hombres.
• El aspecto social se refiere a las relaciones de las organizaciones con su personal, la comunidad, su clientela, proveeduría y la sociedad civil (ONG´s).
• El aspecto ambiental abarca las interacciones con el entorno, promoviendo no sólo las acciones que impliquen sujeción a una regulación determinada, sino también agreguen el sentido mismo que estas normas proponen más allá de la onligación que imponene (como la mayor reducción de la contaminación posible y el uso sustentable de los recursos naturales).
Autoridad
Además de estipular que la redacción del balance deberá estar hecha por "profesionales idóneos" (aunque no se califica dicha categoría), se enuncia que la organización de una autoridad que tendrá a su cargo el manejo de un registro único disponible en Internet y de acceso público. Una vez que dicha autoridad verifique que se cumplen todas las condiciones, se publicará el BRSA. En dicho registro, además, estará la lista de todas las empresas obligadas, por lo que aquellas obligadas que no tengan su balance publicado quedarán en evidencia y su reputación pagará, sin dudas, el costo. Por otro lado, dicha infracción las obligará a responder al "proceso de impugnación" que, de acuerdo a la reglamentación, podrá impulsar la autoridad para el caso de obstrucción, falsedad u ocultamiento de datos.
Siendo la autoridad el Ministerio de Producción, la misma participará de un comité de interacción con las carteras de Ambiente y Espacio Público, Hacienda, Desarrollo Social y Planeamiento y Obras Públicas.
Modelos
A fin de guiar la implementación de estas propuestas, se toman como referencia los indicadores de Ethos (Brasil), así como los de la norma AA1000 del instituto Accountability y la Global Reporting Initiative (GRI en su versión G3).
Haga clic aquí para acceder al texto completo de la ley.
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Tener ‘líder’ en RSC, la tendencia de los bancos en Argentina
Por Martín R. Santos. La banca tiene dos caras. Por un lado, la que ven quienes creen en una revolución encabezada por las microfinanzas, tal como dijo el Secretario General de la Fundación BBVA, José Moreno, en uno de los seminarios de ÈTNOR (España), amparado en el dato de que “ya existen a nivel mundial más de 3000 entidades que se dedican al microcrédito y dan servicio a 120 millones de personas”.
Por otro, la que ven quienes piensan como Juanjo Martí, que en ocasión del fraude megamultimillonario que sufrió Societe Generale se preguntó ¿qué clase de profesionales –y con qué grado de ambiciones irreales, agrego yo- se están formando en el sector como para llegar a estas situaciones?
Entre esas dos caras, la de la revolución o la de la ambición desinteresada, la del bien o el mal, existe un aspecto que es cierto y comprobable, por cuanto algunos bancos se esmeran en mostrar un cambio.
Quizás no sea momento de hacer un análisis en Argentina como el que hizo Cristina Almirall acerca de los productos éticos ofrecidos por las compañías en España (en gran medida potenciados por el incremento de los fondos de inversión). Pero sí se puede descubrir una estrategia enfocada en la identificación de las acciones de RSE con una persona líder, responsable de llevar adelante las acciones así como de representar a la institución públicamente.
Aquí en Buenos Aires, donde el sistema financiero nacional tiene su epicentro, es muy poco probable que el usuariado conozca si los fondos depositados en los bancos están siendo utilizados para financiar la venta de armas o el tráfico de drogas de diseño. Esa cultura no ha llegado y tiene que ver, sin dudas, con el consumo responsable.
Pero si bien el contagio que asumimos es lento, se siguen los pasos de cerca, pues la mayoría de los bancos que funcionan a nivel local son de capitales extranjeros y en definitiva terminarán adoptando el mismo rumbo. Como dijimos, no necesariamente lo harán con los mismos medios. Una de las razones para ello puede ser que la imagen de la banca está tan golpeada luego de la reacción adoptada por el sector ante la crisis de 2001, que la estrategia ética no pueda simplemente importarse. Además, luego de esa nefasta etapa, no están dadas las condiciones de confianza mutua que se necesitan para que los bancos vuelvan a confiar en la gente y para que la gente vuelva a confiar en los bancos.
La reputación es, respecto a esa necesidad simbiótica, un factor clave. Mucha gente lo sabe y la estrategia está por ahora más enfocada en las personas que encabezan las acciones, sus líderes, que en productos asumidos dentro del discurso de institucional. El liderazgo y los proyectos, prevalecen, por ahora, sobre el producto mostrado.
La tendencia se marca, por ejemplo, en casos como los de Constanza Gorleri, al frente del área de RSC de Banco Galicia; Gonzalo Verdomar Weiss y Guillermo Bonahora, al mando de las relaciones institucionales de BBVA Banco Francés y Santander Río, respectivamente; e incluso de Enrique Morad, desde la Comisión Directiva de Fundación Bank Boston (ahora Standard Bank). Sus presencias en premios, congresos, jornadas y seminarios son realmente un medio para plasmar un trabajo en la materia que bien lo vale.
En 2006, como miembro del Foro Ecuménico, Weiss tuvo a su cargo la presentación de un trabajo encomendado en el que se destaca “que la confianza es fundante en la construcción del pacto social que permite desarrollar una sociedad”. Este tipo de trabajos académicos tienen mucha incidencia y a mi parecer marcan un rumbo. Son un reflejo, además, de una proyección a largo plazo y alejado de las acciones de marketing que suelen emparentarse a cuanta acción venga de los bancos (el descreimiento hacia el sector es uno de los más pronunciados).
Ese tipo de respaldos, como el que dan a Revista Sinergia, Banco Nación y Banco Galicia, insisto en destacarlos. Porque son los que acompañan el resto de las acciones de responsabilidad social (Banco Nación tiene, así como la mayoría de los bancos de países desarrollados, un producto crediticio de asistencia social). Son los que a la larga, y en la medida que se condiga su discurso con su compromiso real, podrán contar con la confianza de la gente.
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Crisis energética: el rol de las empresas y las excusas estatales
Por Martín R. Santos. En la última entrada del blog Noticias RSE, que la semana pasada estrenó nuevo formato, se distingue entre algunos ejemplos tibios por explicar la crisis energética y otros que me daban escalofríos.
Entre los primeros se postula al Gobierno de Chile, que lanzó un programa de concientización sobre el ahorro de energía utilizando los últimos recursos del diseño web y al mismo tiempo ha aprobado una ley que dará fomento a la producción energética alternativa o no tradicional, como la que aprovecha la fuerza de mar.
Entre los segundos, cité las últimas acciones del Gobierno Argentino, haciendo hincapié en particular sobre el censo de equipos de aire acondicionado en los edificios. La iniciativa surgió debido a que el gran aumento en la venta y uso de dichos equipos fue apuntado como la principal causa de varios cortes de energía eléctrica ocurridos durante los días más calurosos de este enero que termina.
Al salir a justificar estos inconvenientes –porque para evitar que ocurriesen de nuevo ya era tarde-, el vocero argumentó que quienes sufrían los cortes eran en realidad víctimas de la prosperidad económica, pues tanta compra de equipos de aire era una un signo claro del crecimiento en el poder de consumo que vive la sociedad.
Y así fue que, pese a la discordia inicial de quienes están al cargo de edificios y sus porterías por tener que ser responsables de llevar el censo a cabo, se decidió que cada persona denuncie en una planilla cuántos equipos tenía en su casa. Claro que luego se decidió que esto no era obligatorio. Y que la gente, en gran parte temiendo un aumento de algún tipo en sus impuestos, se negó a participar de dicho censo y llevó esta acción hacia el completo fracaso.
Otra de las acciones que se intentaron –actualmente en vigencia- fue el gran plan canje, que se basa en ir casa por casa y proponer a su propiedad que dejen de usar las lamparitas incandescentes para comenzar a utilizar las de bajo consumo. La estrategia, cuyos resultados aún no pueden medirse, no implica más que una acción “de salida”, pues no es respaldada por un programa estructural ni mucho menos por una política consecuente. Basta observar que las lámparas incandescentes siguen costando, en el mercado, cinco veces menos que una de bajo consumo.
Esta ausencia de criterio sostenible y esta falta total de una política energética de largo plazo llevaron a las empresas a asumir distintos roles frente a una escasez de energía que indefectiblemente les alcanza durante cada verano. Algunas de esas salidas, son responsables. Otras, desinteresadas.
Entre las propuestas, algunas empresas han tendido a adaptar su sistema de producción, por ejemplo a través de una aplicación de turnos de trabajo más eficiente y a un mayor aprovechamiento del día. Otras, a cuyas previsiones y condiciones se los permitían, pudieron acumular stock en los meses previos de forma tal de poder cumplir con la demanda de la temporada “difícil”, reducir al máximo la producción durante esas semanas y hasta aprovechar otras fuentes, como el gas.
Dejando pasar por alto el desinterés absoluto de quienes han optado por pagar lo que fuese necesario para no alterar sus líneas productivas, vemos que hay otras que han reforzado la generación propia para no afectar al resto de la población, en lo que parece ser la solución más responsable hasta el momento. Claro que también es la que mayor esfuerzo financiero implica…
La semana pasada la revista Fortuna dio un recuadro privilegiado a las pocas empresas que se encuentran dentro de este último grupo: Aluar, Arcor, Capex, Chevron San Jorge, Ledesma, Praxair, Shell Capsa, Siderar e YPF.
Si bien estas empresas marcan un liderazgo en cuanto a la responsabilidad que deben asumir frente a este tipo de crisis, no debe pasarse por alto la irresponsabilidad de un Gobierno que favorece un estado de cosas injusto. Digo: no es justo que la Presidenta Cristina Fernández hable del cambio climático sólo para nombrar a un responsable exógeno a los cortes que afectaron a 300 mil familias (pueden agregarle a este número la cantidad que suelen quitar los datos oficiales). No es justo que en los ministerios intenten explicar que el problema no es sino de distribución…
Finalmente, porque no quiero dejar la sensación de que pasar a usar lamparitas de bajo consumo (y descartar las incandescentes) es un paso erróneo, invito a todo el mundo a participar de la campaña de Greenpeace, que propone denunciar al edificio público que no se sume al cambio. Dale al clic.
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Estudios sobre Pacto Global y Reporte Social
Por Martín R. Santos. El escenario fue, una vez más, la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí, la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria llevó a cabo una jornada que tuvo como objetivo presentar los resultados de investigaciones llevadas adelante por organizaciones integrantes de la red, durante 2006 y 2007.
Dichas investigaciones fueron: “Pacto Global, Naciones Unidas. Análisis de las Comunicaciones sobre el Progreso de las empresas firmantes del Pacto Global en la Argentina”, y “Balance Social: una herramienta de rendición de cuentas empresarial. Estado de situación en otros países. El caso Argentino”.
“Con estas investigaciones, se busca generar un intercambio entre los diferentes actores vinculados con estos dos temas”, destacó Virginia Lencina, coordinadora del proyecto de ambas investigaciones, que fueron apoyadas por la Fundación AVINA.
El primer trabajo estuvo a cargo de María Eugenia Di Paola, de FARN, y Verónica Baracat, de la Red Internacional de Género y Comercio en Argentina, se basó en el relevamiento y análisis del alcance que tiene el Pacto Global de la ONU, con el objetivo de realizar aportes para su mejor instrumentación.
Las organizaciones que tomaron parte del mismo fueron Fundación Poder Ciudadano, FARN y la Red de Género y Comercio. Los resultados dejaron en evidencia la falta de enunciados claros y precisos respecto de cómo y qué deben comunicar las empresas adheridas al Pacto Global, que al firmar el compromiso público, estarían manifestando su voluntad de promover principios sociales y ambientales de carácter universal y al mismo tiempo informar sobre ellos.
Lo que se señala es que existe cada vez menos participación y que, además, son escasos los instrumentos para acceder a la información. A pesar de que el lanzamiento del Pacto en Argentina tuvo el segundo mejor record en cantidad de empresas adheridas (245), en los últimos tres años sólo lo hicieron 29.
En tanto, más del 50% de las empresas adheridas desde 2004 no comunican sus progresos en la instrumentación de los principios establecidos en el Pacto Global (entre ellos, Derechos Humanos, derechos en el ámbito laboral, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción); mientras que, por año, sólo un 20% de ellas lo hace.
Entre las conclusiones más destacas del trabajo, Di Paola señaló que “existe una tendencia constante entre las empresas que tienen dificultades respecto del concepto y el alcance de los principios establecidos y no logran comunicar el seguimiento y el avance que van desarrollando respecto de esos principios”. Y agregó que observaron “la necesidad de una nueva guía para las empresas, con instructivos más detallados para sortear las dificultades con las que se encuentran a la hora de promover e informar sus acciones concretas”.
En tanto, el objetivo del Balance Social de las empresas, llevado a cabo por Proconsumer, Fundación SES, Fundación El Otro, Intersindical, Vida Silvestre y FARN, es promover la implementación de esta herramienta en el sector empresario, generando un debate participativo. Para esta investigación, se analizó la legislación existente en distintos países del mundo y se focalizó en la situación argentina, que tiene una normativa que fue modificada, pero aún no reglamentada, además de diversos proyectos de ley presentados. Además se realizó una consulta exploratoria con referentes de los diferentes sectores involucrados: ONG, organizaciones gubernamentales y los sectores empresario y académico. Aunque, cabe aclarar, sólo se logró concretar reuniones con 17 de los 32 referentes invitados.
“El escenario que delinea la Responsabilidad Social Empresaria hoy perfila una demanda creciente desde los diferentes grupos de interés respecto de cómo las empresas rinden cuentas sobre su desempeño en la esfera interna y externa”, destaca el informe. Pero luego advierte que, si bien durante 2006 fue un tema que estuvo en el tapete y que generó mucho debate, “ese lugar central se fue perdiendo para quedar sólo en el debate periférico de los temas de responsabilidad social”. Finalmente, la investigación señala la importancia de “volver a impulsar el posicionamiento del Balance Social en la agenda pública” y da una serie de recomendaciones para tal fin.
“Compartimos la tendencia de volver a legislar sobre la obligatoriedad de confeccionar y hacer público un Balance Social periódicamente; advertimos que es preciso dar lugar a un debate intersectorial, y garantizar la calidad de la información y de acceso” a ella, son algunas de las recomendaciones con las que concluye el informe.
Durante el debate, Héctor Laroca, representante del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas, que auspició el encuentro de hoy, recalcó que el “cambio en la cosmovisión empresaria requiere de una nueva mirada del Estado, de la Universidad y de la Sociedad Civil”. Y destacó que la nueva función de la empresa no debe quedarse en realizar donaciones “para la foto”, sino que el concepto de Responsabilidad Social Empresaria “debe estar introducido, incluso, presupuestariamente” en la empresa, e incorporado a su acción estratégica. “Tiene que haber un verdadero involucramiento”, concluyó.
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No vamos ni en bici, ni en camionetas, ni en Merceces
Por Martín R. Santos. En varias ocasiones el Dr. Héctor Recalde (foto), diputado nacional y prestigioso abogado laboralista, miembro del Consejo de Asesores de Revista Sinergia, ha sido llamado “dipugremialista” o “diputado cegetista” (ligado a la CGT, Confederación General de los Trabajadores) y sus proyectos y opiniones rotulados como “antiempresa”. Ejemplo de ello son los artículos publicados por el portal de noticias Infobae.com, que pueden verse aquí.
Uno de los proyectos de su autoría que más revuelo ha generado últimamente es el que intenta convertir en remunerativos todos aquellos pagos que las empresas realicen como parte del salario a través de bonos o tickets de consumo (utilizables o canjeables en restaurantes y supermercados). El eje es evitar que las organizaciones –que suelen ser del sector privado, aunque también en las reparticiones del Estado es común pagar parte del salario con estos tickets- utilicen esta vía para eludir el pago de los aportes a la seguridad social correspondientes.
De acuerdo información publicada por el diario La Nación, se estima que son un 1,6 millones las personas que reciben de parte de 25 mil empresas un monto promedio de AR$ 230 mensuales (AR$$ 4400 millones anuales / U$S1400 millones aproximadamente). El movimiento de ese “no dinero” es sencillo, según lo explica en pocas palabras el periodista Raúl Dellatorre en Página/12: “por lo que se ahorran de aportes y sueldos, los empleadores les pagan una parte a los emisores de tickets, que harán la tarea
Quizás podamos encontrar ahí el camino más rápido para entender cómo se llegó a la denuncia del Dr. Recalde sobre el intento de soborno a uno de sus hijos, con el cual trabaja en su estudio profesional, por parte de un grupo de personas representantes de las empresas que emiten y comercializan estos tickets.
Aparentemente –todo está grabado por una cámara oculta y presentado como prueba ante la Justicia- dichos sujetos habrían ofrecido una coima cuyo monto equipararon “a una bicicleta, a una pick up o a un Mercedes Benz” a cambio de que el proyecto sea archivado, modificado para no perjudicar a las empresas o modificado para beneficiarlas, respectivamente.
Si bien la justicia determinará a su tiempo esta cuestión, creo que las personas, así como los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas mismas, deben tomar parte y asumir una postura que concuerde con sus convicciones, su moral o sus códigos de ética.
Para ello, hay que tener en cuenta que el tan discutido proyecto “antiempresa” no fue una idea caprichosa. El Dr. Recalde, como bien arguyó ayer ante el periodismo, viene trabajando el tema desde hace años y en oportunidad de elevar su idea al Congreso consultó a seis entidades: el Colegio Público de Abogados, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, Asociación de Abogados Laboralistas, Sociedad Argentina de Estudios Laborales y la Asociación de Magistrados Nacionales. “Todos, con los distintos aspectos que caracterizan los distintos dictámenes, fueron ratificatorios de la línea direccional del proyecto”, fundamentó.
Luego, cabría preguntarse si todas estas instituciones serán catalogadas como “antiempresa” si el proyecto finalmente se convierte en ley.
Personalmente, si así fuese, creo que muchas personas terminaremos asumiendo un pensamiento contra las empresas. Porque ahora que lo analizo, yo también estoy en contra de las empresas capaces de sobornar y de aquellas que en lugar de desarrollarse dentro de los límites de la ley actúan aprovechándose de los espacios débiles de la misma. De alguna manera, mi compromiso con la generación y difusión de conocimiento en materia de responsabilidad social, busca que sean cada vez menos las instituciones –públicas o privadas- que queden de la vereda de enfrente, donde se permite estacionar bicicletas, pick ups o Mercedes.
El reporte social, eje de la tercera edición de Revista Sinergia
Por Martín R. Santos
Desde esta semana está online el número tres de Sinergia, la primera revista académica sobre responsabilidad social empresaria. El tema central de los artículos, enviados desde España, México, Chile, Bolivia, Perú y Argentina, es el reporte social o memoria de sostenibilidad.
Entre los trabajos, a los cuales puede accederse de manera gratuita en www.Revista-Sinergia.com, se destacan los de León Guzmán, gerente general de Acción RSE; Alan Knight, responsable de estándares de Accountability; Mercedes Occhi, directora de ReporteSocial.com; y José Antonio Lavado, socio de Bidea.
Además, tammbién participaron referentes de diferentes sectores sociales, tales como Germán Scalzo (Openware), Zulima García (Universidad Anáhuac) y Heiver Andrade (Amigarse). Y se destaca la participación de Cáritas, constituida en la primera ONG de Perú en publicar un reporte social.
Con esta edición, el medio anuncia el lanzamiento de su primer ANUARIO, que será editado en papel en febrero próximo, y convoca a empresas, universidades y organizaciones a participar del mismo.
Más información: anuario@revista-sinergia.com.ar
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Encuesta especializada en RSE entre grandes empresas de Argentina
Por Martín R. Santos. El suplemento Socialmente Responsables del diario El Cronista, publicó en su edición del lunes 29 de octubre un informe especial basado en una encuesta titulada “En estado de la RSE en la Argentina”. Participaron de esta consulta 50 empresas con actividad en Argentina (capitales tanto nacionales como extranjeros) de gran tamaño y facturación, que fueron seleccionadas de acuerdo al nivel de actividad en materia de RSE. Todo el desarrollo se realizó por el equipo de periodistas bajo el liderazgo de Estafaníoa Giganti y en esta entrada compartiremos con ustedes algunos de los datos arrojados, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
1) El 76% dijo que las tareas de RSE de su empresa se coordinaban desde “otro departamento”, el 13% desde un área específica y el 11% desde varios departamentos.
2) Quienes contestaron que las tareas se coordinaban desde otro departamento, dijeron en un 88% que era el de Relaciones Institucionales, Comunicaciones o Asuntos Públicos, el 6% contestó Marketing y otro 6% desde Recursos Humanos.
3) Aquellas empresas que tienen un departamento específico de RSE contestaron que un 66% lo tiene a nivel gerencial, un 17% a nivel de dirección y un 17% a nivel de coordinación.
4) Un 60% expresó que elaboraba un reporte social, mientras que un 35% dijo que no y un 4% dijo que estaban en proceso de publicar su primer reporte.
5) Un 47% de quienes realizan un reporte, lo hace desde entre 2 y 5 años, un 36% lo hace desde hace uno o dos años, y un 17% desde hace más de 5 años.
6) ¿Cuáles son las áreas principales de la inversión social? El 70% se manifestó por la educación, el 34% por el medio ambiente, el 32% por la salud, el 18% por la niñez, el 14% por la inserción social y el 11% por el voluntariado.
7) ¿Qué acciones realiza su empresa para combatir el cambio climático? El 59% se refirió al ahorro y uso racional de la energía, el 48% a la selección de residuos y el reciclado, el 31% al uso de nuevas tecnologías, el 17% al control de la emanación de gases de efecto invernadero, el 7% a la forestación y el 3% tiene políticas de carbono neutro.
8) Asimismo, entre las que cuentan con capacitación sobre la materia, un 43% reconoció hacerlo desde entre 2 y 5 años, un 32% desde hace más de 5 años y un 25% sólo desde hace uno o dos años.
9) Ante el interrogante de cuáles son los grupos de interés con los cuales se dialoga en la empresa sobre temas de responsabilidad, el 54% reconoció tener en cuenta a la plantilla, el 50% a las ONG´s, el 37% a la clientela, el 29% a la comunidad en general, el 25% a otras empresas, el 25% a la prensa, el 17% al Estado y el 17% a las emrpesas y personas proveedoras.
Además:
A) El 49% de las empresas posee un comité de RSE.
B) El 69% de las empresas encuestadas utiliza los criterios de la GRI (Global Reporting Initiative).
C) El 52% desarrolla diálogos con distintos grupos de interés.
D) El 76% firmó el pacto Global. De ellas, el 45% lo hizo a nivel global, el 25% a nivel local y el 29% en ambas condiciones.
E) El 93% de estas empresas tiene un presupuesto específico para acciones con la comunidad.
F) E 70% realiza un monitoreo de las persoas y empresas proveedoras en materia de RSE.
G) El 68% de las organizaciones tiene políticas exclusivas de para evitar la discriminación de edad y de género.
H) El 64% considera que las quejas y denuncias de la clientela son indicadores fuertes de RSE.
I) El 62% desarrolla acciones para combatir el cambio climático.
J) El 98% aseguró que utilizaría isumos amigables con el medio ambiente, aún con mayores costos de producción.
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La inclusión de las ONG en el debate político
Por Martín R. Santos. Nuevamente quiero compartir ustedes un artículo publicado por el diario La Nación. En este caso se trata de una reflexión a cargo del Dr. Bernardo Kliksberg, asesor del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en América Latina, acerca de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Argentina el próximo domingo y la necesidad real que existe de incluir al debate político los intereses de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s).
Me ha resultado una sorpresa -muy grata- observar las cifras propuestas, las que indican la cantidad de organizaciones que representan los intereses de las comunidades de manera directa y organizada. A esta altura, como bien aclara este artículo, debería ser innecesario recordar la extrema importancia que tienen estas instituciones, consolidadas como eslabones esenciales de la intereacción social.
¿No son acaso las que llevan con mayor fuerza que nadie las banderas de los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, la salud, el trabajo y la libertad? ¿No se sirven de sus necesidades, acciones, logros y objetivos no sólo los Gobiernos en sus planes político sociales? ¿No resulta acaso una condición sine qua non para toda compañía privada involucrarse, cuando no aliarse, a estas organizaciones si pretenden desarrollas progras de responsabilidad social?
Lo que me parece que debemos comenzar a construir es una mirada distinta, inclusiva, como pretende Bernardo Kliksberg. Es necesario que el rol de las ONG´s tenga el aval por parte de los Gobiernos y empresas para que quienes dedican sus horas y sus vidas a las causas compartidas por al menos un sector de una comunidad, cuenten con el respaldo oportuno en el momento adecuado.
A continuación, comparto con ustedes el texto del artículo "Incluir a las ONG en el debate", de Bernardo Kliksberg
Las elecciones y el sector social
Incluir a las ONG en el debate
Por B. Kliksberg
La Nación / Sábado 20 de octubre de 2007
Clinton la llama la explosión del servicio ciudadano ; Salomón, la revolución asociativa. El tercer sector es ya la séptima economía del mundo y supera a las de Italia, Brasil, Rusia, Canadá y España.
En 35 países influyentes, el 20% de los adultos, alrededor de 190 millones, son voluntarios. En Noruega, el 70%. En Estados Unidos hay un millón de ONG, el doble que en 2000. China tiene 280.000 ONG registradas y otro tanto no registrado, en tanto que en la India superan el medio millón.
Su poder de acción es muy concreto. Durante el tsunami, la sociedad civil donó en Estados Unidos mil millones de dólares, y per cápita más aún en otros países desarrollados. En 2000, diez millones de voluntarios vacunaron a 550 millones de niños. El valor de su esfuerzo hubiese costado 10.000 millones de dólares.
Pero no son sólo los montos lo que importa, sino también el aporte cualitativo. Los voluntarios están cerca del ciudadano, son flexibles, ágiles y hay en ellos un gran compromiso espiritual y de ideales. Pueden ayudar muy bien a las políticas públicas. Por eso la Asamblea General de la ONU declaró: "El voluntariado es un componente importante de toda estrategia para reducción de pobreza, desarrollo sostenible, salud, desastres e integración social".
En América latina la democratización ha favorecido el crecimiento del tercer sector. La gran campaña anual de vacunación impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, que llega a 50 millones de niños, se basa en voluntarios. Han acompañado los principales programas sociales de la región. En la Argentina, Cáritas, AMIA, la Red Soidaria y otros son modelos de referencia internacionales. Sin embargo, a diferencia de los países desarrollados, donde las ONG están apoyadas legal, institucional y financieramente, en la región la situación es precaria. Sólo el 15% de su financiamiento es público frente al 77% en Bélgica e Irlanda, y más del 60% en Francia, Holanda e Israel. En Holanda, la lotería destina la mitad de sus ingresos a las ONG.
Es hora de incluir el tercer sector en el gran debate nacional, y que este poderoso capital social sea fortalecido legalmente, promovido, y se lo integre en forma activa a las políticas públicas en los retos de seguir profundizando la lucha contra la pobreza, y por la inclusión y la equidad que el país tiene por delante. En su nuevo libro sobre la relevancia del voluntariado, Clinton cita a Martin Luther King, que explicó con claridad su base: "Cada uno puede ser grande, porque cada uno puede servir".
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El discurso del Gobierno sobre el cambio climático: una eterna introducción
Por Martín R. Santos. Hace pocos días en ocasión de uno de los tantos encuentros, seminarios y talleres que suelen realizarse antes de empezar a hablar seriamente de un tema, alguien dijo que el cambio climático era "una de las preocupaciones centrales" del Gobierno y que los países industrializados / desarrollados, “culpables de esta situación climática” deberían facilitar –como para compensar, digamos- el acceso a la tecnología y a los créditos blandos.
Estas frases no fueron una introducción al tema, sino que fueron el contenido en sí de la exposición que llevó a cabo el representante oficial. Tampoco se dieron de manera aislada sino dentro un contexto de campaña proselitista (en Argentina hay elecciones dentro de dos semanas). Sin embargo, en ellas puede reflejarse el pensamiento de muchos gobiernos –locales, provinciales, departamentales o nacionales- de países subdesarrollados. En ellos abunda lamentablemente la creencia de que expresar públicamente que el "Gobierno está preocupado por el problema" es cuanto menos igual de importante y beneficioso que ocuparse realmente de abordar la situación.
Es difícil determinar hasta qué punto es legítimo invocar al cambio climático como excusa para que los países culpables de la situación entreguen créditos blandos a provincias o departamentos con déficit millonario. También es ardua tarea determinar cuán lícito resulta anunciar que el cambio climático es un tema central para el gobierno cuando los sistemas de salud, educación y trabajo son tan endebles como hace 20 años.
Lo que es claro y por ende puede resultar un buen punto de partida es que la actitud de los Gobiernos de enfrentar, combatir o paliar el cambio climático no debe reducirse a una cuestión de financiamiento desde los países desarrollados a los subdesarrollados.
De hecho, en la presentación del informe final de la II Comunicación del Gobierno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Romina Picolotti, admitió que, en tanto se debe "frenar inmediatamente la tasa de desmonte en el país" y "evitar la expansión de la frontera agrícola con el fin de reducir los daños ecológicos”, el Estado nacional está llevando adelante “políticas de mitigación y adaptación al cambio climático”.
Más allá de discutir acerca de si las políticas en cuestión son las adecuadas o no y si de hecho están siendo implementadas o no, hay un punto vulnerable en el discurso toda vez que el actual Gobierno cuenta con uno de los grados de gobernabilidad más altos de los últimos tiempos en Argentina y, sin embargo, no tiene el poder para lograr que se sancionen las leyes que sus propias políticas exigen para solucionar “temas centrales”.
Sin duda, sería mucho más provechoso si en lugar de anunciar grandes compromisos se dialogara y se pusieran sobre la mesa de debate las pequeñas contribuciones, los pequeños pasos concretos que sirven para comenzar a luchar contra el enorme molino de viento de la burocracia, del poder económico y la irresponsabilidad global.
Mientras ese debate no sea abierto y se aborde la situación de manera concreta, la participación del Gobierno en esos tantos eventos, reuniones, desayunos o congresos internacionales poco servirán a la carrera por contrarrestar los efectos del cambio climático.
Sobre todo porque en el campo ya hay resultados de investigaciones que demuestran, por ejemplo, que mientras ciertas zonas o regiones se verán duramente castigadas por la transformación del clima de los próximos 20 años, hay otras que no lo sufrirán tanto y otras que incluso se verán hasta beneficiadas.
Con ese mero dato sobre el debate, seguramente sería enriquecedora la experiencia de observar –sólo observar- cuáles son las preguntas que surgen. ¿Es viable planificar un sistema de compensaciones entre las regiones afectadas y las no afectadas por el cambio? ¿Se podría planificar dicho sistema a nivel provincial y luego a nivel nacional? ¿Cuáles serían los grandes problemas de implementar algo así y cuáles serían las primeras soluciones? ¿Hay casos en otros países que se hayan intentado abordar estas ideas? ¿Qué resultados tuvieron? ¿Se pueden aplicar en el contexto de un país subdesarrollado?
Podríamos encontrar muchas preguntas más, claro. Pero el objetivo es tan sólo mostrar que el Gobierno ha producido un dato a partir del respaldo a la investigación en la materia, pero no ha sabido aplicarlo en el discurso sobre cambio climático que propone. No se ha planteado, por ejemplo, que llegado el momento de implementar una iniciativa de este tipo (no digo ésta, sino cualquier otra) puede resultar mucho más oportuno decir que los países industrializados / culpables deberían financiar las propuestas de desarrollo sostenible que surgen de los países subdesarrollados.
En fin. Es momento de dar vuelta una hoja. De abandonar el estado de introducción constante en el que parecen caer todos los discursos del Gobierno acerca del cambio climático. Y de comenzar a dar lugar y a propiciar el surgimiento de ideas. La única manera es asumiendo un rol central, no protagónico, como moderador de una conversación abierta.
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Insatisfacción - Informe sobre la atención a la clientela de Vodafone
Si bien tengo que aclarar que la misma no tiene actividad directa en Argentina ni en Sudamérica, es bien cierto que las campañas de comunicación nos llegan. Y entre tanta publicidad en la Fórmula 1 y tantas gacetillas de prensa, Vodafone ha logrado hasta tener una buena imagen incluso entre quienes, en apariencia, no estamos entre sus stakeholders.
Y espero que hayan notado que eso ocurre sólo en apariencia, pues ese es en definitiva el objeto de esta entrada: contarles que a través de una empresa proveedora de Vodafone (que sí tiene actividades en Argentina), muchas personas trabajan como telemarketers prestando el servicio de atención telefónica a clientela de esta multinacional en España, quienes -por supuesto- no saben con quién están hablando cuando llaman solicitando ayuda.
El tema es que esas personas son ni más ni menos que referentes de los programas de satisfacción de la clientela de Vodafone. Y no importa si deben estar o no (¿o sí importa?) entre los grupos de interés de la empresa. Importa que no están para nada felices con su empleo. Se someten a la incomodidad del horario, a un ambiente laboral de maltrato, al estresante y omnipresente control y al abandono por parte de la empresa que les paga el salario, que es de ochocientos pesos o poco más de doscientos euros, por mes.
Quienes quieran saber cómo es trabajar un mes en Buenos Aires atendiendo las consultas de la clientela de Vodafone, pueden leer el blog (http://telemarketer.rollingstonela.com) del periodista argentino Alejandro Seselovsky, quien se infiltró en este empleo durante todo el mes de mayo y cuenta, de manera muy ingeniosa, por cierto, las penurias diarias de sus responsabilidades al mando del headset.
A él le pregunté qué era lo peor de atender el teléfono en representación de Vodafone. Me respondió que creía que lo peor pasaba por "el maltrato del sistema de control, sin dudas: el software que te controla cada segundo de cada cosa que hacés. Luego, el abandono de la empresa hacia su personal".
También pueden ingresar al sitio www.teleperforados.com.ar, donde un grupo de gente empleada en estas empresas, autoconvocado por el reclamo, presiona para terminar con algunas situaciones (por ejemplo, no quieren que haya más intoxicaciones por aspiración del pegamento con el que colocan las alfombras de la oficina en horario laboral).
En fin. No es mi objetivo despreciar la actividad vinculada al área de RSE de Vodafone. Bienvenida sea ésta. Bienvenidos sean los desarrollos en pos de la integración de las personas con capacidades diferentes y los vínculos con la comunidad en la que interactúa. Etcétera.
Simplemente quiero dejar en claro que Vodafone tiene cosas por mejorar. Tiene cosas por incluir en sus reportes, aún siendo recibiendo premios por la "consideración a los grupos de interés".
Aquí estamos para ayudarles, aunque más no sea, haciéndoselo notar.
Crédito imagen: www.pateandotachos.com.ar
Quieren desmontar una Reserva de Biósfera en la Provincia de Salta
Por Martín R. Santos. Mañana, jueves 27 de septiembre, a las 11 horas de Argentina, quienes ingresen al blog Base de las Yungas podrán ver en directo las imágenes del desmonte que se está llevando a cabo en Orán, provincia de Salta, dentro de un área selvática declarada por la UNESCO como Reserva Mundial de Biósfera de las Yungas.
Desde hace más de dos semanas, un equipo de activistas de Greenpeace se encuentra en la zona con el objetivo de impedir su desmonte, ya que lamentablemente el gobierno local ha autorizado que se realice esta liquidación en 1670 hectáreas de la zona.
Más allá del objetivo final, desde este campamento de altura que están realizando monitorean la situación de la Reserva.
La única posibilidad de detener este desmonte es que el Senado de la Nación deje de demorar y apruebe de manera urgente la Ley de Bosques, que plantea una territorialización responsable sobre estas zonas. Por eso, si decides respaldar esta inciativa, puedes votar por la Ley haciendo click aquí. Sería ideal alcanzar al millón de firmas".
Desmontes en argentina
En Argentina se desmontan 250 mil hectáreas de bosque nativo por año, principalmente en el Chaco seco, donde el 70 por ciento del bosque fue eliminado por la expansión agrícola. El Chaco húmedo y la selva Pedemontana de las yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas.
La selva misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7 por ciento de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida.
No hay dudas, la principal causa de la desaparición son los desmontes, es decir la transformación total del monte y la selva en grandes monocultivos agrícolas. A diferencia de la tala, el desmonte elimina absolutamente toda la cobertura vegetal y destruye el suelo comprometiendo su recuperación. Los montes y selvas tienen un altísimo valor cultural, ambiental y económico que estamos dilapidando irracionalmente. Los “beneficios” económicos de hoy amenazan seriamente a las próximas generaciones.
La Argentina pierde el equivalente a 40 canchas de fútbol por hora y una hectárea de bosque nativo cada dos minutos, es por eso que Greenpeace reclama la declaración de una emergencia forestal nacional que establezca, mediante una ley, una moratoria a los desmontes y el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
El ordenamiento territorial que propone Greenpeace es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia.
Artículo de Ernst Ligteringen (Global Reporting Initiative), en La Nación
LANACION.com Comunidad Sábado 15 de setiembre de 2007
Por Ernst Ligteringen, director ejecutivo del Global Reporting Initiative
La sustentabilidad es un tema cada vez más discutido en las noticias, en el directorio de las empresas, e incluso en el cine.
Cuestiones como el cambio de clima, los derechos laborales y humanos, la salud y la seguridad, la transparencia de las prácticas comerciales y la prevención de la corrupción regularmente asoman como temas prioritarios en la agenda empresaria y aparecen en la primera plana de los medios periodísticos, haciendo que los aspectos relacionados con la sustentabilidad sean cada vez más importantes para la perspectiva estratégica de las compañías actuales.
Impulsado por las tendencias internacionales y los recurrentes incidentes sociales y ambientales locales, el interés en el desempeño de las empresas respecto de la sustentabilidad está surgiendo en toda América Latina.
Con el propósito de institucionalizar ese desarrollo a través del establecimiento del Novo Mercado, el Indice Social de Bovespa y la aplicación generalizada de Indicadores Ethos para la Responsabilidad Social Empresaria, Brasil ha dado un gran impulso al movimiento en favor de la sustentabilidad en América latina. Cada vez más compañías y entidades en la Argentina, Chile y otros países de la región ahora aprovechan ese impulso y adoptan cada vez más Indicadores Ethos, Principios Compactos Globales de las Naciones Unidas u otros criterios.
Los motivos de los líderes empresarios para emprender esas acciones son diversos. Algunos se comprometen con criterios sociales y ambientales más profundos porque "sienten que es lo adecuado" para su compañía o para su país. Otros tratan de recuperar la confianza de los inversores y los clientes después de acontecimientos críticos relacionados con la contaminación o las relaciones laborales en su empresa, o sector empresario. También están aquellos que anticipada y activamente tratan de fortalecer su capacidad competitiva en mercados moldeados por las preferencias de los consumidores internacionales por productos elaborados con responsabilidad ambiental, o negociados con legitimidad y equidad.
Las circunstancias empresarias actuales también responden a las cambiantes expectativas de distintas partes interesadas, incluyendo a inversores extranjeros y locales, accionistas, la sociedad civil, el gobierno y los consumidores".
Reclamo urgente
Sus voces, junto con el creciente volumen de atención que actualmente reciben los riesgos relacionados con el medio ambiente en los medios de prensa internacionales han promovido un sentido de urgencia en la mente de quienes toman las decisiones, tanto en el plano empresario como en la esfera política pública. Influidos por la predominante falta de confianza internacional en la integridad empresaria, las partes interesadas y los inversores en todo el mundo están expresando la necesidad de una mayor transparencia.
El llamado a una mayor transparencia por parte de compañías y gobiernos ha llegado a incluir crecientes expectativas respecto de la responsabilidad ambiental y social. La información sobre la sustentabilidad está relacionada con organizaciones que formalmente revelan datos sobre su desempeño económico, ambiental y social, y ayuda a responder ese llamado en favor de la transparencia. El proceso de la información sobre la sustentabilidad suministra una herramienta administrativa interna que permite que cosas como la eficiencia respecto de la nueva energía y los desechos, la recolección de información y la comparación de desempeños empresarios. Además, la información sobre la sustentabilidad puede mejorar las relaciones externas facilitando la diferenciación en el mercado a través de relaciones estructuradas y coordinadas entre las partes interesadas, así como la posibilidad de realzar la marca y el prestigio.
A medida que los beneficios de dar cuenta e informar sobre la sustentabilidad se vuelven ampliamente reconocidos, y con cada vez mayor número de compañías que informan al respecto en todo el mundo, una estructura uniforme para la información sobre la sustentabilidad se ha vuelto una necesidad.
Entidad precursora
La Global Reporting Initiative (GRI, Iniciativa de Información Global), una red internacional con participación de empresas, la sociedad civil, el sector del trabajo, distintas instituciones profesionales y un centro de colaboración del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ha sido la precursora de la estructura de la información sobre la sustentabilidad más utilizada en el mundo. En el núcleo de esa estructura figuran las Guías de la Información sobre la Sustentabilidad, cuyos principios e indicadores se usan sobre una base voluntaria y se aplican en cualquier tipo de compañía u organización, sea cual fuere su dimensión.
La capacidad competitiva de cualquier empresa u organización está en gran medida definida por la manera en que maneja las oportunidades, los riesgos y las presiones que afronta. Son las organizaciones que ven el cambio social y ambiental como oportunidades para lograr mayor crecimiento y ventaja competitiva las que promueven un nuevo nivel respecto de cómo las organizaciones reaccionan y responden frente a la sustentabilidad, e impulsan cambios más profundos.
Hace apenas unos años, las industrias con elevada gravitación ambiental, como el petróleo, el gas y la minería, o las que afrontaban cuestiones laborales o relacionadas con los derechos humanos eran las que estaban al frente del crecimiento de la información sobre la sustentabilidad. Ahora, la información sobre la sustentabilidad se ha vuelto una práctica conocida, pues cada vez más compañías toman conciencia de los muchos motivos que demuestran por qué ya no se pueden dar el lujo de ignorar su gravitación social y ambiental.
Más allá del concepto de la responsabilidad empresaria, la información sobre la sustentabilidad rápidamente se está convirtiendo en algo esencial para la capacidad competitiva de las compañías de cualquier dimensión y toda clase de operaciones. Mientras los protagonistas de los sectores público y privado de todo el mundo afrontan cada vez más presiones para demostrar buena capacidad de gobierno o ejercicio del poder, mayor transparencia, sólido manejo del riesgo y responsabilidad, la pregunta acerca de la información sobre la sustentabilidad en todos los sectores ha cambiado. Antes era "¿por qué debería informar?", mientras que ahora es "¿cómo puedo darme el lujo de no hacerlo?"
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Denuncian condiciones laborales y sanitarias de papeleras en Uruguay
Por Martín R. Santos. La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) en Uruguay ha realizado una investigación a pedido del Grupo Guayubira en la cual se denuncian las malas condiciones laborales y el uso de sustancias tóxicas en las plantaciones de eucaliptos que tienen las empresas papeleras Ence y Botnia (fotografía).
Según RAPAL, que publica su informe completo en su página web bajo el epígrafe 'Condiciones de trabajo y uso de agrotóxicos en viveros forestales', la situación en las plantas de Botnia no son "ambientalmente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables".
En un primer lugar, el documento asegura que "la gran mayoría de los trabajadores son tercerizados y que el sistema de subcontratación adoptado resulta perjudicial para sus intereses". Además, "los contratados padecen inamovilidad funcional" --ya que "por más años que trabajen, nunca lograrán subir de escalafón"-- e inseguridad laboral.
En el caso del empleo femenino, el Informe constata que, aunque "las mujeres ocupan un porcentaje importante, la mayoría sólo puede desempeñarse como peones comunes, pese a realizar tareas especializadas tales como la clonación de eucaliptos".
En el capítulo salarial, RAPAL reconoce que "la remuneración es algo superior a la de otros empleos disponibles a nivel local" aunque esto no quiere decir que "los salarios sean buenos, puesto que, según el coletivo trabajador, apenas dan para sobrevivir y deben estar largas horas fuera del hogar".
Respecto a las condiciones sanitarias, quienes ahí trabajan denuncian que "las temperaturas en los viveros son superiores a los 40 grados". Además, suelen sufrir alergias en la piel, ojos e hipertensión, y no tienen derecho a revisiones médicas.
En cuanto a los agrotóxicos, es habitual es uso del funguicida 'Captan', una sustancia prohibida en Finlandia en el año 2001 y calificada como "cancerígeno" por el gobierno del Estado de California, ya que contamina el suelo y aguas subterráneas, es altamente tóxico para la flora y fauna local.
Aclaración: Si bien publiqué la info en el blog Noticias RSE y mi rol en Blog Responsable se circunscribe a la edición argentina, me ha ganado el impulso de comentar sobre este tema también aquí. El motivo por el cual me he tomado tal atrevimiento es que la instauración de estas pasteras -de origen finlandés y español- en el margen del Río Uruguay es, desde hace dos años, el eje de una controversia que llegó incluso al ámbito diplomático entre Argentina y Uruguay (siendo de gran relevancia para varias comunidades argentinas todo lo que ocurre al respecto).
En este caso, no se trata de la contaminación del río. Se trata simplemente de faltas al cuidado de las leyes uruguayas. Y en ese sentido considero que, así como la inauguración del puerto de Botnia mereció hace quince días la visita del presidente Tabaré Vázquez, estas faltas a también merecen la atención de la autoridad pública. De lo contrario, se estaría perdiendo un poco el fundamento y verdadero sentido que llevó a Uruguay a apartarse de su estrecha relación con Argentina: el verdadero desarrollo de sus comunidades.
Fuentes: Revista Chile Responsable, Rapal
Para acceder al informe de la RAPAL: aquí
Para acceder a la investigación completa: aquí
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La perla blanca y la perla negra de la semana
Por Martín R. Santos. La semana pasada hubo dos noticias que tuvieron importante espacios en los medios de comunicación argentinos. Rememorando al ex árbitro de fútbol y ahora ex comentarista televisivo, Guillermo Nimo, bien podrían ser una y otra “la perla blanca y la perla negra de la semana”.
La blanca –que tiene algunos matices, claro- tiene que ver con que muchas empresas suscribieron un acuerdo de RSE con objetivos estándares para promover el trabajo decente. La negra está relacionada con la empresa Shell, que sufrió varias multas por desabastecimiento de gas oil –en plena crisis energética- y la clausura de una refinería cuyas pérdidas y falta de mantenimiento implicaban la contaminación de las napas de agua.
La buena. La perla blanca va, entonces, para la propuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderado por Carlos Tomada, que contó con la venia del presidente, Néstor Kirchner, y de los líderes en Argentina de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Bernardo Kosacoff y Javier González Olaechea, respectivamente.
Lo primero que hicieron fue hablar sobre el concepto de RSE en el ámbito laboral: “el compromiso de llevar a cabo las acciones y políticas necesarias…”. Luego también expusieron un documento guía que contiene los principios fundamentales para una gestión responsable en la tercerización y subcontratación respecto a las obligaciones de la seguridad social en la cadena de valor.
La mala. Como se anticipó, la perla negra va para Shell, porque luego de varias inspecciones se determinó que sus estaciones de servicio caían en desabastecimiento, lo cual, con el ánimo de toda crisis energética, dio lugar a reiterados reclamos oficiales y a multas millonarias.
En su defensa, el referente de la empresa en Argentina exclamó que, teniendo Shell sólo el 11% de la participación en el mercado de diesel, era inexplicable cómo sus estaciones recibían el 80% de las inspecciones realizadas en el sector.
Lo cierto es que, si bien la inequidad del Gobierno al seleccionar los puntos a los que enviaba a sus inspectores puede ser un tema controvertido (máxime cuando había otras estaciones, como las de Repsol YPF que decían no aumentar el precio pero cobraban en negro, sin facturar, hasta un 10% de recargo en concepto de “derechos de expendio”), el planteo no exime a la petrolera de actuar contra la reglamentación.
Más allá de los rumores que indican que las presiones para que Shell se retire del mercado tienen como objetivo beneficiar la entrada de la venezolana PDEVESA, hay que decir que las presiones / inspecciones lideradas por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti (foto) mostraron una realidad lamentable al encontrar pérdidas en las tuberías de la refinería de Shell. Lo lamentable es que, en paralelo a un discurso de responsabilidad, luego de la clausura, los representantes del grupo empresario se presentaron ante el Gobierno con un “plan de saneamiento ambiental” que les permitió recién hoy el levantamiento de la medida. Lamentable también es que esto dilucida poca planificación previa y que el discurso de la RSE de algunas compañías es mucho más débil de lo que se promociona.
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Irresponsabilidad en algunas redes sociales online
El modus operandi es sencillo: una vez que nos registramos a partir de la invitación de alguien que conocemos, nos ofrecen buscar en nuestra agenda de correo electrónico (nos piden la clave) los nombres de las personas con las que podemos interactuar desde dicha plataforma o red. Argumentan falsamente que varios de nuestros contactos ya están registrados y que para comunicarnos sólo debemos invitarlos a aceptar nuestra comunicación. Y ahí está la falsedad: nuestros contactos no forman parte del usuariado y pasan a serlo porque confían en nuestra invitación. Y la rueda se multiplica...
Este tipo de conductas irresponsables de parte de los emprendimientos de Internet (Visible Path y Hi5 son algunos de los cuestionados, por lo que estuve consultando) hacen que la verdadera utilidad -y por consiguiente el potencial- de las redes sociales online se vea menoscabada.
La fuerza de estas nuevas opciones que brinda la tecnología para entrar en contacto con amistades, colegas, compañeros y compañeras o incluso con los contactos de nuestros contactos -algo así como un efecto viral que multiplica una agenda de 40 apellidos hasta lograr una red de miles y miles de personas- es precisamente la posibilidad de compartir información.
Desde su indignación, la pregunta de Sheilah era si hacía bien en considerar a este comportamiento como decepcionante. Desde ya, creo que sí lo es y que está más cerca de un robo de información que una propuesta para compartirla.
Si bien está en la moral de cada cual ser responsable o abusar de los permisos de la alegalidad, debería comenzar a regularse este tipo de cuestiones que surgen irremediablemente a medida que crecen los canales de comunicación entre las personas.
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Primer post: Día del blog
Por Martín R. Santos. Hoy, ocasión en la que festejamos el Día del blog hago el primer post en este blog.
Agradezco mucho a Jordi, nuestro director, y saludo a todos los lectores y colaboradores, con quienes comparto mis recomendados:
1) APIWTXA (http://apiwtxa.blogspot.com). Es un blog de una tribu APIWTXA, de Brasil y Perú, que lucha contra la tala indiscriminada de montes. También hay un blog de la tribu Anashinka, pero exige invitación para poder leerlo.
2) MIRÁ! (http://www.juliangallo.com.ar). Se trata de un espacio en el que el autor difunde y comenta el material que le parece interesante compartir. Lo mejor, claro, es el buen criterio que tiene para seleccionar sus posts.
3) BLOG DE VIAJES (http://www.blogdeviajes.com.ar). Es un blog en el que conviven noticias del sector turístico y novedades sobre viajes (a todo el mundo nos interesa!).
4) DERECHO Y RSE EN AMÉRICA LATINA (http://derechoyrse.blogspot.com). Desde Bolivia, Gastón Bilder utiliza herramientas de gama variada, novedades e información que es publicada en español y en inglés, de acuerdo al idioma utilizado por la fuente.
5) DESCONFIADOS Y DESCONTENTOS (http://desconfiadosedescontentes.blogspot.com). Se publica en portugues y brinda una visión interesante sobre la RSE ya que fortalece la idea de esta cultura empresarial desde la crítica de sus puntos débiles.
Link: http://www.blogday.org
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Desaparece misteriosamente de la Web el informe sobre contaminación de Minera Alumbrera
Por Fernanda Figueroa. Si las instituciones de un país en vías de desarrollo permiten que las empresas privadas de capitales extranjeros obren a su antojo sin control, les temen a las represalias de las mineras y no se animan a denunciar la contaminación que afecta a miles de personas, si hacen ocultamiento de pruebas, no denuncian, no controlan, no toman medidas, quién será entonces el responsable de protegernos.
¿Dónde podremos denunciar y quien nos dará las respuestas para poner fin a los abusos que se cometen en nombre de la inversión extranjera?
Hace tiempo que hemos perdido la fe en un Estado justo que defienda los intereses de sus habitantes, que no venda a su país por intereses económicos que benefician a unos pocos. Donde esos pocos son unas cuantas personas ligadas al poder político y que siempre se benefician de los acuerdos, leyes, derogaciones de leyes que entre gallos y medianoche se sancionan para poder usurparnos lo que por derecho nos pertenece.
Donde manda capitán…
Un medio electrónico de cobertura nacional ha denunciado en estos días que la Secretaría de Minería de la Nación ha levantado de su página Web el informe que comprometía la situación judicial de Minera Alumbrera debido a la contaminación que la minera está causando en el embalse de Río Hondo.
Debido a la sospechosa maniobra, se compromete la situación judicial de la minera y del secretario de Minería, Jorge Mayor. En la Justicia Federal se cuenta con copias del polémico estudio ambiental que lograron guardar previendo que podría ser levantado del sistema. Finalmente, 24 horas más tarde, el informe que detallaba el estudio sobre la contaminación que genera la empresa Minera Alumbrera desaparecía de la red.
La información ha desaparecido y, a pesar de las denuncias, aún no lo han vuelto a publicar: esto se puede constatar si se ingresa a la dirección www.mineria.gov.ar/ambiente/estudios/inicioDIAS.asp donde están publicados informes sobre el impacto ambiental de proyectos mineros en algunas provincias argentinas, pero no aparece el que refiere a Tucumán, en el que estaba registrado el informe en cuestión.
Pero hemos podido recuperarlo del caché de Google pocos días después. Este es el link recuperado del historial de google.
Links de prensa: http://www.argenpress.info/nota.asp?num=040992&Parte=0
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La minería prometió riqueza y trajo desolación, sequía y desierto a todo un pueblo
Por Fernanda Figueroa. Las empresas extranjeras tienen derechos sobre los habitantes de las provincias pobres de la Argentina: derecho a llevarse la montaña dejándoles migajas a cambio; derecho a utilizar el agua de sus ríos y dejar las cuencas vacías; derecho a talar, deforestar e impactar negativamente sobre animales y plantas autóctonas; derecho a contaminar, a desoír los reclamos de la gente; a ‘coimear’ a funcionariado y medios de comunicación con publicidad e irrisorias inversiones.
Mucho peor es comprobar que el poder político y las instituciones que deberían velar por la gente de su propia tierra son los que concedieron estos derechos y ante la contaminación y los reclamos miran para otro lado, negocian en contra de los intereses de su electorado y no toman medidas para frenar la degradación ambiental.
El territorio de la provincia de Catamarca, al norte de la República Argentina, es predominantemente árido y seco, con escasez de lluvias y un progresivo incremento de la desertización como consecuencia de la sobre-explotación de sus recursos. Sin embargo, desde hace años, diferentes empresas continúan arreciando sobre el territorio provincial con el consentimiento explícito de la clase política e instituciones.
A pesar de los acalorados reclamos del propio pueblo afectado y de grupos ecologistas, la acción incontinente sobre los recursos hídricos y forestales se continúa produciendo y ha desencadenado en serios peligros para el medio ambiente de la zona y otras aledañas.
Sequía
El uso irracional del agua del río Vis Vis y otras cuencas, que se utiliza para transportar a través de un mineraloducto los metales extraídos por la empresa Minera Bajo de la Alumbrera, de capitales canadienses, está produciendo un agotamiento de las cuencas hídricas. Este uso irracional y sin control conllevará en el corto plazo a acuciantes problemas de abastecimiento a la población de la zona, ya que estos ríos son los responsables del riego y de la ingesta de líquido.
Se calcula que la Minera Bajo de la Alumbrera consume diariamente alrededor de 100 millones de litros de agua que toma de reservorios acuíferos de la provincia, los cuales disminuyen considerablemente su caudal y se prevé que la cuenca quede exangüe en pocos años.
Este verano la sequía en el oeste de la provincia ha sido notoria, como si el daño ecológico irreversible que se avecina hubiera dado algunos indicios. Las productoras vitivinícolas han perdido este año el 60 por ciento de su cosecha por deshidratación de los frutos por falta de agua y de infraestructura apropiada para los regantes.
Contaminación
Si bien la empresa minera niega su responsabilidad por los estragos que está causando la sobreexplotación, recientemente un diario nacional ha publicado un informe que revela datos extraídos por la Comisión de Energía Atómica y que indica que el embalse Río Hondo y la cuenca del río Salí-Dulce están contaminados por efluentes que volcaría la minera. El Embalse de Río Hondo es un importante reservorio de agua que abastece a numerosas ciudades de la vecina provincia de Santiago del Estero. Incluso se piensa que el drenaje de esos ácidos vertidos estaría perjudicando los reservorios de agua de las poblaciones aledañas a la minera con el riesgo que eso representa para la población.
Deforestación
Otro factor de riesgo lo constituye la deforestación de especies autóctonas que está generando una pérdida de la riqueza mineral del suelo y el avance a pasos agigantados de la desertización. Para completar el panorama, la misma empresa ha propiciado un proyecto que ya implicó la deforestación de entre 4 mil y 5 mil árboles. Pero el vecindario del departamento Andalgalá presentó un recurso de amparo donde denuncia que la empresa mencionada impulsa este plan y que la Municipalidad lo puso en marcha en forma inconsulta, sin la evaluación técnica y política de ningún organismo público. La justicia ha dado lugar al recurso de amparo ordenando la suspensión del plan y comprometiendo al municipio a proteger las especies contiguas a la zona afectada.
Incontinencia
Como resultado, la gente ha presentado denuncias y se ha manifestado en numerosas oportunidades pidiendo que se disminuya el impacto ambiental y que exista un verdadero control por parte del Estado.
Pero las instituciones parecen estar más propensas a velar por los intereses de la empresa que del ‘electorado’. Entre las "ayudas" más importantes para las mineras los más sustanciosos son los impuestos bajísimos que pagarán por 30 años. El 100 por ciento de los gastos de exploración y los atribuibles a la inversión podrán deducirse de los pagos del impuesto a las Ganancias; devolución del IVA sobre importaciones de bienes y servicios destinados a la inversión, las que también quedan exentas de cualquier derecho. Mientas tanto, las regalías provinciales, es decir, lo que le queda al gobierno provincial por la explotación de la minería de la provincia (por capitales privados), solo será equivalente al 3 por ciento del “costo del mineral en boca de mina”, o sea en bruto. O sea migajas.
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El desafío de aprender en la era del conocimiento, en el país del desabastecimiento
Masticar y digerir los contenidos es una tarea que debemos aprender para no perder el tren tecnológico. Un tren que cada vez adquiere mayor aceleración y que no da tregua a un país cuya situación coyuntural no puede todavía ponerse a tono. El sector educativo requiere una urgente puesta a punto. Que se equipen las aulas, se invierta en investigación y desarrollo y se capacite a los docentes para “enseñar a aprender” en la era de las nuevas tecnologías.
Cuando vuelvo desde España hacia Argentina tengo que retrasar a veces cuatro, a veces cinco horas mi reloj. Este pequeño acto me suele sugerir una metáfora: la de estar también retrocediendo en el tiempo, el equivalente en años. Y no es que sea una acomplejada de esas que piensa que siempre lo de afuera es lo mejor o lo más desarrollado.
Con poca diferencia temporal, que no supera algunos meses, he tenido la suerte de pisar los claustros postgraduales de universidades tanto argentinas como españolas y he notado con cierto desengaño, que en aquellas la calidad docente es muy importante, pero la tecnología no está ni siquiera en ciernes. Mientras que en sus homólogas españolas, no sólo las aulas están tecnificadas, sino que además, esa gimnasia que exige la sociedad de la información está más extendida tanto entre docentes como estudiantes.
El debate se ha instalado ya entre la intelectualidad de ambos países pero se encuentra en diferentes estadios. Lo que se tiene claro es que educar ya no implica la transmisión de conocimientos donde el alumnado se apropia pasivamente de conceptos previamente masticados, sino que es indispensable la producción de conocimientos a partir de la recepción de esa vorágine de contenidos propios de la Era Digital.
Entonces, si el debate está planteado, somos concientes de la importancia de que el alumnado debe pasar de una posición receptora a otra de productora de conocimientos; en ese caso, ¿dónde radica el problema?
La respuesta es obvia, la brecha cultural y económica que existe entre la población argentina permite que sólo 2,3 millones de personas accedan a Internet (según datos revelados por el INDEC en junio del 2006), mientras que sólo un 65 por ciento de los usuarios y usuarias, lo hace a través de banda ancha. Mientras tanto, en España son 13 millones los y las internautas y la brecha digital que existe se debe más a una cuestión generacional que económica.
La realidad en las aulas
Las universidades argentinas y también los Institutos de Educación Superior, sobre todo las del interior del país y que dependen del estado, no están equipadas con tecnología suficiente; en muchos casos el acceso a Internet es restringido y en otros tantos el personal docente no está capacitado en el uso de las nuevas tecnologías (aunque ya no son tan nuevas).
Para no quedarse al margen se incluyen entre las asignaturas aquellas que tengan que ver con el discurso, la creatividad y el manejo de las TIC, pero estos contenidos se ofrecen de manera teórica ya que para poder dar prácticas parte del profesorado suele salir en la búsqueda de algún cyber donde puedan completar el aprendizaje.
Superar la brecha implicaría para la comunidad estudiantil y egresada argentina tener cabida en el mercado mundial y dejar de ser sujetos consumidores pasivos para convertirse en partícipes y activos.
La inversión en tecnología para las aulas, en investigación, desarrollo y capacitación para el personal docente, se vuelve un imperativo para la integración. La evolución tecnológica no da tregua, avanza a pasos agigantados y sin mirar atrás. Correr siempre por detrás del tren nos deja fuera de carrera y nos quita oportunidades tanto individuales como colectivas. Porque el país debe aspirar a formar parte de las sociedades del conocimiento, donde cada persona aprenda a digerir por sí misma los contenidos que llegan a sus manos, para dejar de pertenecer al grupo de sujetos consumidores pasivos de la sociedad de la información.
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