(Selección de Josep Valls).

Estudios sobre Pacto Global y Reporte Social

. jueves, 6 de diciembre de 2007

Por Martín R. Santos. El escenario fue, una vez más, la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí, la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria llevó a cabo una jornada que tuvo como objetivo presentar los resultados de investigaciones llevadas adelante por organizaciones integrantes de la red, durante 2006 y 2007.

Dichas investigaciones fueron: “Pacto Global, Naciones Unidas. Análisis de las Comunicaciones sobre el Progreso de las empresas firmantes del Pacto Global en la Argentina”, y “Balance Social: una herramienta de rendición de cuentas empresarial. Estado de situación en otros países. El caso Argentino”.

“Con estas investigaciones, se busca generar un intercambio entre los diferentes actores vinculados con estos dos temas”, destacó Virginia Lencina, coordinadora del proyecto de ambas investigaciones, que fueron apoyadas por la Fundación AVINA.

El primer trabajo estuvo a cargo de María Eugenia Di Paola, de FARN, y Verónica Baracat, de la Red Internacional de Género y Comercio en Argentina, se basó en el relevamiento y análisis del alcance que tiene el Pacto Global de la ONU, con el objetivo de realizar aportes para su mejor instrumentación.

Las organizaciones que tomaron parte del mismo fueron Fundación Poder Ciudadano, FARN y la Red de Género y Comercio. Los resultados dejaron en evidencia la falta de enunciados claros y precisos respecto de cómo y qué deben comunicar las empresas adheridas al Pacto Global, que al firmar el compromiso público, estarían manifestando su voluntad de promover principios sociales y ambientales de carácter universal y al mismo tiempo informar sobre ellos.

Lo que se señala es que existe cada vez menos participación y que, además, son escasos los instrumentos para acceder a la información. A pesar de que el lanzamiento del Pacto en Argentina tuvo el segundo mejor record en cantidad de empresas adheridas (245), en los últimos tres años sólo lo hicieron 29.

En tanto, más del 50% de las empresas adheridas desde 2004 no comunican sus progresos en la instrumentación de los principios establecidos en el Pacto Global (entre ellos, Derechos Humanos, derechos en el ámbito laboral, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción); mientras que, por año, sólo un 20% de ellas lo hace.

Entre las conclusiones más destacas del trabajo, Di Paola señaló que “existe una tendencia constante entre las empresas que tienen dificultades respecto del concepto y el alcance de los principios establecidos y no logran comunicar el seguimiento y el avance que van desarrollando respecto de esos principios”. Y agregó que observaron “la necesidad de una nueva guía para las empresas, con instructivos más detallados para sortear las dificultades con las que se encuentran a la hora de promover e informar sus acciones concretas”.

En tanto, el objetivo del Balance Social de las empresas, llevado a cabo por Proconsumer, Fundación SES, Fundación El Otro, Intersindical, Vida Silvestre y FARN, es promover la implementación de esta herramienta en el sector empresario, generando un debate participativo. Para esta investigación, se analizó la legislación existente en distintos países del mundo y se focalizó en la situación argentina, que tiene una normativa que fue modificada, pero aún no reglamentada, además de diversos proyectos de ley presentados. Además se realizó una consulta exploratoria con referentes de los diferentes sectores involucrados: ONG, organizaciones gubernamentales y los sectores empresario y académico. Aunque, cabe aclarar, sólo se logró concretar reuniones con 17 de los 32 referentes invitados.

“El escenario que delinea la Responsabilidad Social Empresaria hoy perfila una demanda creciente desde los diferentes grupos de interés respecto de cómo las empresas rinden cuentas sobre su desempeño en la esfera interna y externa”, destaca el informe. Pero luego advierte que, si bien durante 2006 fue un tema que estuvo en el tapete y que generó mucho debate, “ese lugar central se fue perdiendo para quedar sólo en el debate periférico de los temas de responsabilidad social”. Finalmente, la investigación señala la importancia de “volver a impulsar el posicionamiento del Balance Social en la agenda pública” y da una serie de recomendaciones para tal fin.

“Compartimos la tendencia de volver a legislar sobre la obligatoriedad de confeccionar y hacer público un Balance Social periódicamente; advertimos que es preciso dar lugar a un debate intersectorial, y garantizar la calidad de la información y de acceso” a ella, son algunas de las recomendaciones con las que concluye el informe.

Durante el debate, Héctor Laroca, representante del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas, que auspició el encuentro de hoy, recalcó que el “cambio en la cosmovisión empresaria requiere de una nueva mirada del Estado, de la Universidad y de la Sociedad Civil”. Y destacó que la nueva función de la empresa no debe quedarse en realizar donaciones “para la foto”, sino que el concepto de Responsabilidad Social Empresaria “debe estar introducido, incluso, presupuestariamente” en la empresa, e incorporado a su acción estratégica. “Tiene que haber un verdadero involucramiento”, concluyó.