Los principios del comercio justo en la escala agro-ganadera

Por Martín R. Santos. Argentina está ceñida, desde hace ya un par de meses, en una discusión que en la voz de la gente se reduce a “Gobierno versus campo”.
Ese reduccionismo no achica el problema, pues coloca en el cuadrilátero, por un lado, a la estructura de poder con mayor legitimidad en los últimos diez años, representada por la presidenta Cristina Fernández y por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner; y por otro, al sector económico más influyente en la historia del país, el mismo que lo colocó hace sesenta años entre uno de los más prósperos por exportar alimentos cuando la guerra y el hambre arremetían en Europa.
El tema es que esa discusión sobre las altas retenciones (móviles, de acuerdo al precio del mercado) a las exportaciones de soja ha repercutido y mucho, no sólo sobre la economía sectorial, sino también sobre el derecho de trabajo de quienes, sin comerla ni beberla, han sufrido perjuicios por el lock out del sector agrícola ganadero, que cortó las rutas más importantes de Argentina durante semanas.
Uno de las áreas afectadas fue la del transporte (cuyo poder patronal es también inmenso), cuyos representantes han decido protestar contra la protesta. ¿Y qué medio eligieron? El mismo; el corte de rutas a nivel nacional. Suena tan ilógico que parece mentira: “cortamos las rutas porque si siguen cortando las rutas no podemos trabajar>>>”.
Entre idas y vueltas, con tanto perjuicio, el campo le pide al Gobierno un gesto de patriotismo y a la Presidenta un gesto de estadista, mientras ésta le pide al campo que actúe con responsabilidad social empresaria. Y ahí fue cuando me puse a pensar en qué habrá querido pedir realmente la Presidenta cuando desde su discurso se refirió a la RSE.
¿Que el campo acepte las retenciones móviles a las exportaciones de soja? ¿Que entienda que la exportación y la renta extraordinaria concentrada genera un poder de consumo desigual y más inflación y menos acceso para quienes menos tienen? ¿Que dejen de creer que todo el país vive bien si sólo un grupo se llena de dinero? ¿Que dejen de creer que el campo tiene que ser un negocio seguro aún para quienes se aventuran en su primer emprendimiento? ¿Que no crean que sólo gracias al campo se reactiva la economía de un país? ¿Que vean si no se frena el monocultivo de la soja vamos camino a ser un “país bananero”?
Son muchas las cosas que se pueden pedir a quienes creen que pueden arrogarse el derecho de hacer un block out para defender su derecho a que los impuestos no sean excesivos. Pero aquí no hay una sola verdad: también son muchas las cosas que un Estado debe realizar para permitir que un sector tan influyente pueda comenzar a pensar de forma sostenible con los parámetros de la sostenibilidad.
Si se pretende que la producción de baja escala no sea perjudicada por los grupos que toman al campo como un medio para hacer negocios financieros, se puede brindar el respaldo técnico y de capital para –por ejemplo- adaptar los principios del comercio justo al sector. Estos pueden significar una herramienta más que eficiente para redistribuir riqueza o equiparar las asimetrías que se generan con un mercado regulado sólo por la oferta y la demanda y que brinda gran ventaja a los servicios financieros.
De esta manera, se puede obtener un rédito diferenciador, a partir de que, entre otras cosas:

• Se reduce y ataca el trabajo infantil.
• Se alienta a la igualdad entre hombres y mujeres.
• Se trabaja con respeto a los derechos humanos.
• El precio que se paga a los pequeños productores es más equitativo.
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse.
• Se valora la calidad en el marco de la producción ecológica.
• Se reduce la contaminación (se respeta el medio ambiente).
• Se reduce la intermediación entre el productor y el consumidor final.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

Si se observa bien la situación, se puede asumir que muchos de esos temas son deudas pendientes para el sector agrícola ganadero, que incluye:

• Altos índices de empleo infantil.
• Altos índices de empleo no registrado.
• Casos de trabajos forzosos y jornadas de hasta 20 horas en época de cosecha.
• Escasa igualdad de género en el campo laboral.
• Alto grado de evasión impositiva.
• Importante déficit en materia ambiental.

Lo que creo, en definitiva, es que en ese pedido del Gobierno por mayor RSE, el Gobierno mismo tiene un rol que cumplir. Tiene la responsabilidad de generar el marco adecuado para que una planificación estratégica con foco en la sostenibilidad del sector que tradicionalmente ha sido el motor de la economía argentina pueda tener lugar. Y tiene la oportunidad de no relegar la RSE a un discurso televisable y de tomarla como una posible salida al problema planteado.