Despidos camuflados en Techint

Por Martín R. Santos. Si bien se ha hablado demasiado sobre cómo pueden llegar a reaccionar las empresas ante la crisis, muchas de ellas, evidentemente, no han comprendido el verdadero rol que les toca en estas situaciones.

Peor aún, algunas de ellas no han sabido incorporar el verdadero valor de la Responsabilidad Social Empresaria a su cultura organizacional, pese a que durante varios años –de prosperidad económica, inclusive- han llevado a cabo grandes inversiones en campañas sociales o comunitarias y se han instalado en el escenario mediático en tanto “protagonistas responsables”.

Un ejemplo de ello se da con Techint (figura como promotora de RSE en el portal Mapeo-RSE), empresa en la cual el nivel gerencial de una de sus oficinas ha tomado la decisión de “no renovar el contrato” de parte de su plantilla, que a su vez se encuentra trabajando desde hace más de dos años y medio con contratos de trabajo por tres meses, que les eran renovados a conveniencia de la empresa.

En algunos casos, no sólo decidieron no renovar el contrato, sino que lo dieron por rescindido faltando dos meses para que concluya y ofrecieron, a modo de “compensación”, un monto equivalente a “un mes de salario y las vacaciones pagas.

Esa compensación era tal -y no una indemnización legal- por cuanto se le otorgaba “bajo la condición de que el personal enviara su renuncia lisa y llana”. Algunas de las personas que estaban siendo despedidas no aceptaron la propuesta y comentaron lo sucedido, agregando que desde el nivel gerencial se les había hostigado mediante insinuaciones acerca de cuán costoso podía ser “no aceptar la propuesta y litigar contra un gigante como Techint”, o bien mediante aseveraciones sobre “el mal asesoramiento legal que suelen recibir las personas a fin de incentivarlas a hacer reclamos inconducentes”.

En este link (clic aquí) se puede ver cómo desde la empresa han sido capaces de generar un discurso acerca de la integración de la RSE al “espíritu” de todos los niveles de la compañía, y de cómo “la filosofía se vive desde la Presidencia a través de una Fundación hasta el personal, por medio de un departamento que se encarga de promover el debate”.

Si es una expresión de deseo y hay una estrategia concreta para alcanzar esos objetivos, los resultados no están del todo claros. Es más, diría que tienen un largo camino por recorrer (y que un buen primer paso sería respetar la ley laboral). Siga leyendo >>>

Contaminación en el agro y la minería

Por Martín R. Santos. Ya he destacado en una entrada anterior de este espacio la importancia que tiene el trabajo que viene haciendo el Observatorio de Empresas Transnacionales, que funciona dentro de la organización FOCO (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos).
El mismo asume, desde la sociedad civil, un compromiso de control que muchas veces el Estado descuida, ya sea por escasez de recursos, tiempo o competencia o porque existen intereses económicos de por medio.
Recientemente, se han planteado dos acciones concretas de contaminación.
Por un lado, debido al aumento de los casos de envenenamiento por pesticidas en los últimos años, sobre todo en las regiones agrícolas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en donde la situación es verdaderamente preocupante.
Todas las sospechas y estudios vinculan estos aumentos de la estadística con la producción de la soja transgénica y sus diversas implicancias.
"Lo principal es el daño a la salud y al ambiente, que está directamente relacionado con el glifosato, producido por la empresa Monsanto, y los pesticidas que se utilizan", aseveró Facundo Villar, del Observatorio.
Villar explicó que se realizó un mapeo de las localidades que sufren problemas causados por pesticidas, entre las cuales se encuentran " Saladillo, Chacabuco, Lobería, Bahía Blanca, Rojas y Bragado, con niveles muy altos. En las provincias de Santa Fe y Córdoba también, incluso hay algunos barrios de la ciudad de Córdoba que resultaron contaminados".
El efecto contaminante de los productos de la fumigación se advierten en aguas y suelos, pero también lo sufren las personas que habitan de esas zonas, sobre todo las mujeres embarazadas: "el glifosato afecta directamente la formación del feto, por lo que se producen abortos espontáneos o malformaciones. También, como son sustancias cancerígenas, se ven altos índices de cáncer, además de problemas respiratorios y alergias", detalló Villar.
Por otro lado, también se monitorean los emprendimientos en minería a cielo abierto de las compañías Barrick Gold y Alumbrera, que utilizan cianuro para extraer oro.
En los últimos meses la ciudad de la ciudad de Concepción, Provincia de Tucumán, viene sufriendo la contaminación del agua con metales pesados, mercurio, estroncio y cobalto.
En el caso del mercurio, la completa responsabilidad es de la empresa prestataria del servicio al utilizar hipoclorito de sodio contaminado con mercurio provocando que el agua posea un 160% más de mercurio que lo estipulado en el Código Alimentario Nacional para el agua potable.

Fuentes: Clarin / Política y Medios / Foco Siga leyendo >>>

La publicidad oficial se ha convertido en una herramienta de extorsión y censura

Por Martín R. Santos. En un fallo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó sentencia a favor del diario Río Negro en el amparo que este presentó contra el gobierno de la Provincia de Neuquén, que, en represalia a una investigación sobre corrupción en la cual se ligaba Poder Ejecutivo, decidió retirarle toda la pauta oficial.
La Corte consideró que la actitud del Gobierno “configura un supuesto de presión que
lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa” y ordenó que cesara en su práctica de asignar fondos por publicidad oficial en forma discriminatoria.
Fue la primera vez que un tribunal superior de América Latina decidió en forma inequívoca que las manipulaciones en la asignación de publicidad oficial como represalia son violatorias de la libertad de expresión.
Fue una luz que debe marcar el camino a seguir en Argentina, que hoy sufre un Gobierno Nacional que utiliza la publicidad oficial de forma irresponsable, convirtiéndola en una mera herramienta de extorsión a los medios de comunicación y que, al mismo tiempo, sufre la supervivencia de grandes medios que han convertido esa negociación por su autocensura en la principal fuente de ingresos y poder.
Ese camino de la Corte Supremsa es la única opción que parece viable para romper esa comunión, que sin dudas es un síntoma de cómo varios sectores están esforzándose en el despilfarro de democracia. Están tirando democracia al techo, como si en América Latina fuese algo tan fácil de comprar como la manteca.
Por suerte hay otros medios, con ánimo de trabajar para seguir estirando el record de democracia ininterrumpida que está viviendo este país, que van más allá de esas miserias y que -por ahora- se animan a anunciar y difundir un informe como el que realizaron la Asociación por los Derechos Civiles y la Open Society Justice Initiative, acerca del abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina.
Dicho informe lleva el título de "El precio del silencio" y pueden leerlo haciendo clic aquí. Siga leyendo >>>

Parcialidad en la prensa argentina

Por Martín R. Santos. El Observatorio de Medios de Argentina presentó hace un par de semanas la observación y análisis de la cobertura realizada por los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crítica de la Argentina sobre la crisis registrada entre las entidades patronales del agro y el Estado Nacional, durante el período que abarca del 1 al 15 de junio de 2008.
Salvo alguinas excepciones, la conclusión final fue que "la sociedad argentina careció de información amplia, plural y de voces suficientes; y alerta sobre la unilateralidad y la utilización de recursos de manipulación, descontextualización y tergiversación que evidenciaron las coberturas de los diarios Clarín y La Nación , en muchos casos lesivas de la institucionalidad del país".
En otras palabras, el trabajo, que fue llevado a cabo siguiendo un marco teórico y metodológico propuesto por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, dice que los medios de comunicación no cumplieron con su rol social.
Evidencia, en dicho sentido "una marcada tendencia a privilegiar como fuentes, sujetos y actores de la información analizada a las cuatro entidades patronales del agro y, consecuentemente, a relativizar no sólo al Estado Nacional sino a otras fuentes, sujetos y actores, como partidos políticos, organizaciones sindicales, movimientos sociales, asociaciones de consumidores, universidades, etcétera".

Dicha parcialidad está directamente relacionada a la misión corporativa de cada medio, que se determina por cuestiones ideológicas o, cuanto menos, políticas. Los medios hacen alianzas y ponen en tapa los temas y referentes que consideran oportunos de acuerdo a sus propios intereses. Eso no es novedad.
Pero creo que además de esa misión empresarial, hay una necesaria función social que los medios no deberían hacer a un lado. Porque si eso sucede, como se anuncia en el presente estudio, cualquier otro tipo de acción responsable que se lleve a cabo en nombre de tales medios perderá su rumbo.
Tener una fundación que se insmiscuya en el mundo de la RSE en representación del diario tal genera un gran valor; claro. Pero no podrá éste capitalizarse efectivamente si tal diario no respeta el mayor interés que puede tener la comunidad con la cual interactúa, que es el de ser informada.
Pensando en términos de sostenibilidad, incorporar realmente el compromiso de informar a los objetivos de ganar dinero es mucho más desafío y genera mucho más valor que organizar un taller de RSE para unas pocas empresas aunque el mismo tenga páginas y páginas destinadas a su difusión.
Es más: siempre es bienvenido cualquier aporte de cualquier empresa que decida tomar acciones responsables. Pero hay prioridades que deben ser asumidas como tales. Y en este caso, informar es mucho más que una decisión responsable del diario que va más allá de lo que se le puede exigir. Por eso se habla del "deber de informar" y del "derecho a ser informado" para identificar el rol que cada una de las partes debe o puede asumir. Informar es algo que la gente exige y quiere. Y es algo que la democracia necesita. Si los medios no informan, entonces van a estar en deuda con la comunidad. Y si están en deuda con la comunidad, deberían primero tratar de resolver estos asuntos básicos para luego poder hablar de sus acciones de RSE. Se trata simplemente de caminar seguro antes de empezar a correr.


Pueden leer el Informe completo del Observatorio de Medios haciendo clic aquí.
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Los principios del comercio justo en la escala agro-ganadera

Por Martín R. Santos. Argentina está ceñida, desde hace ya un par de meses, en una discusión que en la voz de la gente se reduce a “Gobierno versus campo”.
Ese reduccionismo no achica el problema, pues coloca en el cuadrilátero, por un lado, a la estructura de poder con mayor legitimidad en los últimos diez años, representada por la presidenta Cristina Fernández y por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner; y por otro, al sector económico más influyente en la historia del país, el mismo que lo colocó hace sesenta años entre uno de los más prósperos por exportar alimentos cuando la guerra y el hambre arremetían en Europa.
El tema es que esa discusión sobre las altas retenciones (móviles, de acuerdo al precio del mercado) a las exportaciones de soja ha repercutido y mucho, no sólo sobre la economía sectorial, sino también sobre el derecho de trabajo de quienes, sin comerla ni beberla, han sufrido perjuicios por el lock out del sector agrícola ganadero, que cortó las rutas más importantes de Argentina durante semanas.
Uno de las áreas afectadas fue la del transporte (cuyo poder patronal es también inmenso), cuyos representantes han decido protestar contra la protesta. ¿Y qué medio eligieron? El mismo; el corte de rutas a nivel nacional. Suena tan ilógico que parece mentira: “cortamos las rutas porque si siguen cortando las rutas no podemos trabajar>>>”.
Entre idas y vueltas, con tanto perjuicio, el campo le pide al Gobierno un gesto de patriotismo y a la Presidenta un gesto de estadista, mientras ésta le pide al campo que actúe con responsabilidad social empresaria. Y ahí fue cuando me puse a pensar en qué habrá querido pedir realmente la Presidenta cuando desde su discurso se refirió a la RSE.
¿Que el campo acepte las retenciones móviles a las exportaciones de soja? ¿Que entienda que la exportación y la renta extraordinaria concentrada genera un poder de consumo desigual y más inflación y menos acceso para quienes menos tienen? ¿Que dejen de creer que todo el país vive bien si sólo un grupo se llena de dinero? ¿Que dejen de creer que el campo tiene que ser un negocio seguro aún para quienes se aventuran en su primer emprendimiento? ¿Que no crean que sólo gracias al campo se reactiva la economía de un país? ¿Que vean si no se frena el monocultivo de la soja vamos camino a ser un “país bananero”?
Son muchas las cosas que se pueden pedir a quienes creen que pueden arrogarse el derecho de hacer un block out para defender su derecho a que los impuestos no sean excesivos. Pero aquí no hay una sola verdad: también son muchas las cosas que un Estado debe realizar para permitir que un sector tan influyente pueda comenzar a pensar de forma sostenible con los parámetros de la sostenibilidad.
Si se pretende que la producción de baja escala no sea perjudicada por los grupos que toman al campo como un medio para hacer negocios financieros, se puede brindar el respaldo técnico y de capital para –por ejemplo- adaptar los principios del comercio justo al sector. Estos pueden significar una herramienta más que eficiente para redistribuir riqueza o equiparar las asimetrías que se generan con un mercado regulado sólo por la oferta y la demanda y que brinda gran ventaja a los servicios financieros.
De esta manera, se puede obtener un rédito diferenciador, a partir de que, entre otras cosas:

• Se reduce y ataca el trabajo infantil.
• Se alienta a la igualdad entre hombres y mujeres.
• Se trabaja con respeto a los derechos humanos.
• El precio que se paga a los pequeños productores es más equitativo.
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse.
• Se valora la calidad en el marco de la producción ecológica.
• Se reduce la contaminación (se respeta el medio ambiente).
• Se reduce la intermediación entre el productor y el consumidor final.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.

Si se observa bien la situación, se puede asumir que muchos de esos temas son deudas pendientes para el sector agrícola ganadero, que incluye:

• Altos índices de empleo infantil.
• Altos índices de empleo no registrado.
• Casos de trabajos forzosos y jornadas de hasta 20 horas en época de cosecha.
• Escasa igualdad de género en el campo laboral.
• Alto grado de evasión impositiva.
• Importante déficit en materia ambiental.

Lo que creo, en definitiva, es que en ese pedido del Gobierno por mayor RSE, el Gobierno mismo tiene un rol que cumplir. Tiene la responsabilidad de generar el marco adecuado para que una planificación estratégica con foco en la sostenibilidad del sector que tradicionalmente ha sido el motor de la economía argentina pueda tener lugar. Y tiene la oportunidad de no relegar la RSE a un discurso televisable y de tomarla como una posible salida al problema planteado. Siga leyendo >>>

Programa de Vigilancia Social hace foco en los pecados de Cargill

Por Martín R. Santos. El Observatorio de Empresas Transnacionales de FOCO ha lanzado recientemente un reporte sobre la actuación de la empresa Cargill, de origen estadounidense. El mismo estuvo desarrollado por Hernán Medina como parte del Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transnacionales Agroalimenticias y Agrocombustibles.
En el punto 2 de dicho reporte se comentan las infracciones que Cargill comete a las Normas de la Organización de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Social Empresaria, que tienen como principal objetivo el resguardo de los derechos humanos en el sector privado.

Entre las responsabilidades que deben asumir las empresas, estas normas promueven:

· Garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
· No violar ni sacar provecho con la violación de la seguridad de las personas;
· Proteger los derechos laborales, que incluyen el derecho al no sometimiento a trabajos forzados y la no explotación de menores de edad, el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, remuneración adecuada y libertad de asociación.
· Evitar la corrupción manteniendo la transparencia.
· Respetar los derechos económicos, sociales y culturales.
· Garantizar la protección del usuariado, la seguridad pública y la protección ambiental en sus actividades empresariales y prácticas de comercialización, incluyendo el respeto al principio de precaución.

Entre las infracciones comentadas por Medina, se encuentran algunos problemas ambientales y de soberanía territorial que son generados por la actividad de la empresa. En el informe se postulan algunos casos interesantes, en el ámbito de estos dos temas, que analizan diversas circunstancias vividas en las comunidades con las cuales interactúa Cargill>>>

Uno de los emblemáticos casos ambientales es el de Bahía Blanca / Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el tercer polo petroquímico más grande del país. Allí, la planta de almacenaje de B.B. se presenta como “una ciudad portuaria con costas tomadas y una ría tóxica que expulsa a sus pescadores”. Las corporaciones (entre ellas Cargill) dicen que en los últimos años invirtieron en la zona US$ 2.000 millones y anuncian nuevas obras, mientras el vecindario denuncia “problemas respiratorios, de piel y alergia en la vista” y “el nivel de contaminación es tal que desde principios del siglo XXI se han venido realizando movilizaciones en pos de una mejor calidad de vida”.
En agosto de 2007 se reunió una Comisión Técnica para realizar la Séptima Auditoria
Anual del Programa Integral de Monitoreo (PIM), determinando que Cargill vierte directamente a la red cloacal “superando el límite para los SS 10 minutos”, por lo que fue notificada y se le exigió la normalización de la situación (cosa que no ocurrió y por ende se labró un acta que fue girada a la Autoridad del Agua).
Además, más allá de que las mediciones de emisiones de gases dieron dentro de los parámetros permitidos, algunas Organizaciones Vecinales denunciaron que el Comité Técnico o la Municipalidad tienen dificultades para ingresar a los predios de Cargill y otras cerealeras.

Otro caso en Santa Fe. Se trata de Gobernador Galvez, cerca de la ciudad de Rosario, en donde Cargill adquirió terrenos de un área residencial (mediante la modificación gubernamental del Código urbano para denominar la zona como “industrial”) a fin de construir un complejo de tratamiento de derivaciones de la soja, almacenaje, estacionamiento, descarga de camiones y un puesto de embarque que se introducirá en el Río Paraná.
Lo hizo –luego de presentar un informe de impacto ambiental aprobado por el Gobierno y desaprobado por las organizaciones sociales por insuficiente- a pesar de normativas provinciales que dicen que este tipo de industrias debe distar como mínimo dos kilómetros de los lugares de residencia y de una ordenanza municipal que indica que la costa de esos terrenos es una “reserva ecológica”.
El proyecto fue resistido por el vecindario, quienes deben convivir con el complejo, porque en períodos pico de cosecha recibe 2.500 camiones por día y porque la empresa adquirió calles públicas para favorecer la entrada y salida de sus vehículos.
“La cerealera compró las casas aledañas y las derrumbó con topadoras a fin de evitar que las ocupen personas intrusas. Para colmo de males no limpian los escombros y no construyó la pantalla arbórea para proteger a quienes decidieron no abandonar sus propiedades. Gran cantidad de habitantes del barrio vendieron sus propiedades por miedo a la contaminación. Según testimonios también aumentó la inseguridad porque hay saqueos en las viviendas cuyo propietariado dejó el lugar pero sin venderlo”, destaca el estudio.
El 30 de abril de 2004 la Organización Taller Ecologista presentó, ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe, unas primeras observaciones al Informe Técnico Preliminar sobre la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Cargill S.A.C.I., destacando “la falta de difusión y participación ciudadana, el tipo de inversión, enmarcado en el actual modelo agropecuario argentino basado en el monocultivo de la soja”. Y aclara el reciente estudio que, más allá de la reactivación económica que la soja produjo por su valor en el mercado internacional, “está dejando enormes impactos ambientales y sociales y una deuda ecológica a futuro”.
Uno de los datos interesantes que se reflotan es que, en el marco de las protestas vecinales y los reclamos legales –ante la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo- se contó con el respaldo de la investigación de Brewster Kneen, autor del libro “El gigante invisible: Cargill y sus estrategias transnacionales”, que aparenta no dejar bien parada a la empresa…


Sustancias cancerígenas. Una de las cuestiones publicadas que menos se desarrollan pero más llaman la atención es la utilización de un pesticida reconocido como fuertemente cancerígeno que es mezclado con granos de soja para luego venderse a empresas que producen sustancias alimenticias.
Luego de reconocer su utilización, los directivos de Cargill esgrimieron que “una parte del empleariado en la planta de Rojas separa las semillas contaminadas grano por grano, supervisado el tema por un escribano contratado”. El informe de FOCO advierte que esto es más que peligroso porque “en primer lugar no se garantiza la salud del empleariado al exponerlo a sustancias cancerígenas sin ningún tipo de protección” y “no se garantiza a la población que no esté consumiendo productos alimenticios” con dicha sustancia (órgano clorado).

Otros problemas destacados por FOCO

A) En Puerto San Martín, provincia de Santa Fe, sobre la ribera del río Paraná, “Cargill ordenó la mudanza de un monumento histórico nacional donde se libró en 1846
la batalla de Punta Quebracho (que significó el comienzo del fin del bloqueo anglofrancés) a dos kilómetros del sitio original, tras la compra del predio circundante”.
B) Cargill es conocida como “de las empresas que menos respeta a los sindicatos. Tampoco mejora las condiciones de trabajo y salubridad de los trabajadores. En Brasil hay trabajos serios que demuestran las insoportables condiciones laborales al incrementarse el ritmo de trabajo. Es de suponer que lo mismo ocurre en Argentina. De hecho, hay numerosos reportes que denuncian la tercerización y trabajo negro en la firma…”
C) “En julio de 2006 la empresa mantuvo un duro cruce con el Sindicato de Camioneros. Éste levantó un fuerte cerco contra 14 plantas de Cargill ubicadas en las localidades bonaerenses de Bragado, Chivilcoy, Lobos y Colón en pos de la regularización de unos 3.000 choferes vinculados indirectamente a la empresa”.

Fuente: www.foco.org.ar
Fotografía: Planta de almacenaje de Cargill en Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Aires)/ Foco

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Anuario 2007: la edición impresa de Revista Sinergia

Por Martín R. Santos. Dos meses después de mi última colaboración en este espacio dedicado a la responsabilidad social, retomo mi labor. Pido perdón por la pausa y aprovecho para contarles que, luego de mucho trabajo, hemos terminado la edición del Anuario 2007 de Revista Sinergia en la imprenta. Si todo sale como está previsto, a finales de este mes tendremos en nuestras manos la versión papel de la primera revista académica sobre RSC y desarrollo sostenible.
En más de 120 páginas hemos incluido los quince trabajos, entre artículos inéditos y traducciones, que protagonizaron el primer año de vida de este proyecto. Como bien destacamos en la editorial, estas primeras tres ediciones del medio estuvieron signadas por muchas ideas, objetivos cumplidos y esfuerzos compartidos.
El primer abordaje que realizamos fue sobre el concepto de responsabilidad social empresaria y el de aquellos que lo rodean, como el marketing social corporativo. Luego dimos lugar a la legislabilidad de la materia, a las diferentes propuestas de encararla y a otras alternativas, como la de los estándares internacionales, pues creemos que es uno de los temas que más contradicciones plantea respecto al discurso de los grupos de interés que participan del ámbito de la responsabilidad social. En la tercera etapa, así como proyectamos en lo sucesivo, encaramos un perfil más práctico, intentando plantear la comunicación como eje central de los trabajos a desarrollar. Y así surgieron propuestas sobre el reporte social, sus garantías, los modelos de trabajo, las experiencias e incluso el lugar desde el cual deben realizarse e informarse dentro de la empresa estas cuestiones.
Gracias a profesionales, estudiantes y docentes que se acercaron con sus desarrollos teóricos y prácticos, pudimos convertir en logros los objetivos planteados al comienzo. Entre los aportes, estuvo el de Xevi Agulló, director de este Blog Responsable, cuyas ideas han resultado verdaderamente inspiradoras y útiles. También recibimos la colaboración de especialistas de Argentina, España, Chile, México, Bolivia, Estados Unidos y Canadá, lo cual da cuenta de que se ha generado un genuino espacio sinérgico.
A modo de anticipo, quiero compartir las reflexiones finales del prólogo escrito especialmente para el Anuario 2007 de Revista Sinergia por Bernardo Kliksberg, especialista en RSE y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Prólogo al Anuario 2007 de Revista Sinergia, fragmento
Por Bernardo Kliksberg

“(…) La idea de empresa socialmente responsable, con esta agenda amplia, tiene alta relevancia para América Latina. Se consideraba en la región que una empresa era responsable si pagaba a tiempo los sueldos y cumplía con los impuestos. Es mucho más lo que se necesita. En una reciente encuesta de credibilidad en la Argentina (CEOP) los entrevistados ubican a los grandes empresarios en uno de los últimos puestos. Las empresas deberían estar a favor de nuevos pactos fiscales que aseguren el financiamiento de una educación y una salud universales, combinarse con el Estado para abrir fuentes de trabajo reales a los jóvenes excluidos, mejorar su aporte de donaciones (cuyo porcentaje es actualmente muy bajo en relación a los países desarrollados) y aportar sus tecnologías como así también alta gerencia, canales de distribución y espacios en Internet a los grandes programas de enfrentamiento de la pobreza y mejora de la equidad.
Hay líderes empresariales que han percibido que la RSE es imprescindible, pero hay que institucionalizar la educación en ella.
Las universidades públicas y privadas deben formar seriamente a las futuras generaciones de CEOS, y gerentes de todo orden en este terreno.
Por otra parte hay que impulsar y apoyar vías como: la investigación y la generación de conocimiento académico en torno al tema, el rescate de las buenas prácticas, la difusión y debate en los medios, iniciativas tan útiles y auspiciosas como Revista Sinergia y otras semejantes.
Una educación hacia la ética empresarial cuenta con argumentos formidables. Primero, es bueno para la sociedad en su conjunto. El MIT dice en su nuevo llamado a aspirantes a su prestigioso MBA: .. Segundo, es bueno para la empresa. El grado de compromiso de los empleados en USA con las empresas que se preocupan por ayudar a la sociedad, es cinco veces mayor. Las empresas con alta RSE son más productivas y competitivas e inspiran mayor confianza en los inversores. Tercero, es bueno para el empresario como persona: el texto bíblico dice que , mientras que estudios de Harvard, Michigan y la Universidad Hebrea de Jerusalén coinciden en que el que ayuda a los demás, tiene mejores niveles de salud.
En el continente más desigual, se necesita mucha más RSE. No es una opción, es una demanda histórica”. Siga leyendo >>>

Análisis de la nueva Ley de Balance Social en Buenos Aires

Por Martín R. Santos. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 2.594 que fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BSRA), con el objeto de promover el comportamiento social y ambientalmente responsable y sustentable por parte de las organizaciones comprendidas.
La primera particularidad que presenta la letra de dicha norma está dada porque se presenta a sí misma como "voluntaria" y propone que, por excepción, será obligatoria para las empresas que tengan más de 300 personas empleadas y a su vez tengan un ingreso anual superior al fijado por la Resolución SEPyME Nº 147/06.
Según esta última resolución, serán obligadas las compañías que superen, de acuerdo al sector económico en el que se encuentre su actividad, los montos que se detallan a continuación (en pesos / valor de referencia: 1€ = $3,8):

* para el sector agropecuario, $18.240.000.
* para la industria y la minería, $60.000.000.
* para el comercio, $88.800.000.
* para los servicios, $22.440.000.
* para la construcción, $24.000.000.


Aplicación
Vemos así, un doble ámbito de aplicación:
1) En cuanto a las empresas que se sometan voluntariamente a estos postulados, "podrán obtener beneficios promocionales, establecidos por vía reglamentaria, relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación", según indica el artículo número 3.
2) Respecto a las que deban reportar obligatoriamente, deberán hacerlo de forma anual ante el Gobierno de la Ciudad, quien luego dispondrá su publicación para que el balance sea de libre acceso al público en general..

Contenido
Muchas cuestiones como el contenido mínimo que deberá incluir cada reporte aún no se han estipulado y dependerán de la reglamentación de la norma citada. Sin embargo, se adelanta en el artículo 7 que deberán utilizarse como base los indicadores señalados (Ethos, GRI, AA1000), de modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.
Los términos enunciados para el Balance Social no excluyen la ampliación, por las organizaciones comprendidas, de la información de los ítems expuestos. Pero entre los requisitos, a modo de principios generales a ser tenidos en cuenta, se citan las condiciones de equidad y los aspectos sociales y ambientales. De ello, se asumen que:

• La equidad está referida a impulsar todos los cambios culturales necesarios eliminar las diferencias y privilegios de género, e igualar las condiciones entre mujeres y hombres.

• El aspecto social se refiere a las relaciones de las organizaciones con su personal, la comunidad, su clientela, proveeduría y la sociedad civil (ONG´s).

• El aspecto ambiental abarca las interacciones con el entorno, promoviendo no sólo las acciones que impliquen sujeción a una regulación determinada, sino también agreguen el sentido mismo que estas normas proponen más allá de la onligación que imponene (como la mayor reducción de la contaminación posible y el uso sustentable de los recursos naturales).

Autoridad

Además de estipular que la redacción del balance deberá estar hecha por "profesionales idóneos" (aunque no se califica dicha categoría), se enuncia que la organización de una autoridad que tendrá a su cargo el manejo de un registro único disponible en Internet y de acceso público. Una vez que dicha autoridad verifique que se cumplen todas las condiciones, se publicará el BRSA. En dicho registro, además, estará la lista de todas las empresas obligadas, por lo que aquellas obligadas que no tengan su balance publicado quedarán en evidencia y su reputación pagará, sin dudas, el costo. Por otro lado, dicha infracción las obligará a responder al "proceso de impugnación" que, de acuerdo a la reglamentación, podrá impulsar la autoridad para el caso de obstrucción, falsedad u ocultamiento de datos.
Siendo la autoridad el Ministerio de Producción, la misma participará de un comité de interacción con las carteras de Ambiente y Espacio Público, Hacienda, Desarrollo Social y Planeamiento y Obras Públicas.

Modelos

A fin de guiar la implementación de estas propuestas, se toman como referencia los indicadores de Ethos (Brasil), así como los de la norma AA1000 del instituto Accountability y la Global Reporting Initiative (GRI en su versión G3).

Haga clic aquí para acceder al texto completo de la ley.
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Tener ‘líder’ en RSC, la tendencia de los bancos en Argentina

Por Martín R. Santos. La banca tiene dos caras. Por un lado, la que ven quienes creen en una revolución encabezada por las microfinanzas, tal como dijo el Secretario General de la Fundación BBVA, José Moreno, en uno de los seminarios de ÈTNOR (España), amparado en el dato de que “ya existen a nivel mundial más de 3000 entidades que se dedican al microcrédito y dan servicio a 120 millones de personas”.
Por otro, la que ven quienes piensan como Juanjo Martí, que en ocasión del fraude megamultimillonario que sufrió Societe Generale se preguntó ¿qué clase de profesionales –y con qué grado de ambiciones irreales, agrego yo- se están formando en el sector como para llegar a estas situaciones?
Entre esas dos caras, la de la revolución o la de la ambición desinteresada, la del bien o el mal, existe un aspecto que es cierto y comprobable, por cuanto algunos bancos se esmeran en mostrar un cambio.

Quizás no sea momento de hacer un análisis en Argentina como el que hizo Cristina Almirall acerca de los productos éticos ofrecidos por las compañías en España (en gran medida potenciados por el incremento de los fondos de inversión). Pero sí se puede descubrir una estrategia enfocada en la identificación de las acciones de RSE con una persona líder, responsable de llevar adelante las acciones así como de representar a la institución públicamente.
Aquí en Buenos Aires, donde el sistema financiero nacional tiene su epicentro, es muy poco probable que el usuariado conozca si los fondos depositados en los bancos están siendo utilizados para financiar la venta de armas o el tráfico de drogas de diseño. Esa cultura no ha llegado y tiene que ver, sin dudas, con el consumo responsable.
Pero si bien el contagio que asumimos es lento, se siguen los pasos de cerca, pues la mayoría de los bancos que funcionan a nivel local son de capitales extranjeros y en definitiva terminarán adoptando el mismo rumbo. Como dijimos, no necesariamente lo harán con los mismos medios. Una de las razones para ello puede ser que la imagen de la banca está tan golpeada luego de la reacción adoptada por el sector ante la crisis de 2001, que la estrategia ética no pueda simplemente importarse. Además, luego de esa nefasta etapa, no están dadas las condiciones de confianza mutua que se necesitan para que los bancos vuelvan a confiar en la gente y para que la gente vuelva a confiar en los bancos.
La reputación es, respecto a esa necesidad simbiótica, un factor clave. Mucha gente lo sabe y la estrategia está por ahora más enfocada en las personas que encabezan las acciones, sus líderes, que en productos asumidos dentro del discurso de institucional. El liderazgo y los proyectos, prevalecen, por ahora, sobre el producto mostrado.
La tendencia se marca, por ejemplo, en casos como los de Constanza Gorleri, al frente del área de RSC de Banco Galicia; Gonzalo Verdomar Weiss y Guillermo Bonahora, al mando de las relaciones institucionales de BBVA Banco Francés y Santander Río, respectivamente; e incluso de Enrique Morad, desde la Comisión Directiva de Fundación Bank Boston (ahora Standard Bank). Sus presencias en premios, congresos, jornadas y seminarios son realmente un medio para plasmar un trabajo en la materia que bien lo vale.
En 2006, como miembro del Foro Ecuménico, Weiss tuvo a su cargo la presentación de un trabajo encomendado en el que se destaca “que la confianza es fundante en la construcción del pacto social que permite desarrollar una sociedad”. Este tipo de trabajos académicos tienen mucha incidencia y a mi parecer marcan un rumbo. Son un reflejo, además, de una proyección a largo plazo y alejado de las acciones de marketing que suelen emparentarse a cuanta acción venga de los bancos (el descreimiento hacia el sector es uno de los más pronunciados).
Ese tipo de respaldos, como el que dan a Revista Sinergia, Banco Nación y Banco Galicia, insisto en destacarlos. Porque son los que acompañan el resto de las acciones de responsabilidad social (Banco Nación tiene, así como la mayoría de los bancos de países desarrollados, un producto crediticio de asistencia social). Son los que a la larga, y en la medida que se condiga su discurso con su compromiso real, podrán contar con la confianza de la gente. Siga leyendo >>>

Crisis energética: el rol de las empresas y las excusas estatales

Por Martín R. Santos. En la última entrada del blog Noticias RSE, que la semana pasada estrenó nuevo formato, se distingue entre algunos ejemplos tibios por explicar la crisis energética y otros que me daban escalofríos.
Entre los primeros se postula al Gobierno de Chile, que lanzó un programa de concientización sobre el ahorro de energía utilizando los últimos recursos del diseño web y al mismo tiempo ha aprobado una ley que dará fomento a la producción energética alternativa o no tradicional, como la que aprovecha la fuerza de mar.
Entre los segundos, cité las últimas acciones del Gobierno Argentino, haciendo hincapié en particular sobre el censo de equipos de aire acondicionado en los edificios. La iniciativa surgió debido a que el gran aumento en la venta y uso de dichos equipos fue apuntado como la principal causa de varios cortes de energía eléctrica ocurridos durante los días más calurosos de este enero que termina.
Al salir a justificar estos inconvenientes –porque para evitar que ocurriesen de nuevo ya era tarde-, el vocero argumentó que quienes sufrían los cortes eran en realidad víctimas de la prosperidad económica, pues tanta compra de equipos de aire era una un signo claro del crecimiento en el poder de consumo que vive la sociedad.
Y así fue que, pese a la discordia inicial de quienes están al cargo de edificios y sus porterías por tener que ser responsables de llevar el censo a cabo, se decidió que cada persona denuncie en una planilla cuántos equipos tenía en su casa. Claro que luego se decidió que esto no era obligatorio. Y que la gente, en gran parte temiendo un aumento de algún tipo en sus impuestos, se negó a participar de dicho censo y llevó esta acción hacia el completo fracaso.

Otra de las acciones que se intentaron –actualmente en vigencia- fue el gran plan canje, que se basa en ir casa por casa y proponer a su propiedad que dejen de usar las lamparitas incandescentes para comenzar a utilizar las de bajo consumo. La estrategia, cuyos resultados aún no pueden medirse, no implica más que una acción “de salida”, pues no es respaldada por un programa estructural ni mucho menos por una política consecuente. Basta observar que las lámparas incandescentes siguen costando, en el mercado, cinco veces menos que una de bajo consumo.
Esta ausencia de criterio sostenible y esta falta total de una política energética de largo plazo llevaron a las empresas a asumir distintos roles frente a una escasez de energía que indefectiblemente les alcanza durante cada verano. Algunas de esas salidas, son responsables. Otras, desinteresadas.
Entre las propuestas, algunas empresas han tendido a adaptar su sistema de producción, por ejemplo a través de una aplicación de turnos de trabajo más eficiente y a un mayor aprovechamiento del día. Otras, a cuyas previsiones y condiciones se los permitían, pudieron acumular stock en los meses previos de forma tal de poder cumplir con la demanda de la temporada “difícil”, reducir al máximo la producción durante esas semanas y hasta aprovechar otras fuentes, como el gas.
Dejando pasar por alto el desinterés absoluto de quienes han optado por pagar lo que fuese necesario para no alterar sus líneas productivas, vemos que hay otras que han reforzado la generación propia para no afectar al resto de la población, en lo que parece ser la solución más responsable hasta el momento. Claro que también es la que mayor esfuerzo financiero implica…
La semana pasada la revista Fortuna dio un recuadro privilegiado a las pocas empresas que se encuentran dentro de este último grupo: Aluar, Arcor, Capex, Chevron San Jorge, Ledesma, Praxair, Shell Capsa, Siderar e YPF.
Si bien estas empresas marcan un liderazgo en cuanto a la responsabilidad que deben asumir frente a este tipo de crisis, no debe pasarse por alto la irresponsabilidad de un Gobierno que favorece un estado de cosas injusto. Digo: no es justo que la Presidenta Cristina Fernández hable del cambio climático sólo para nombrar a un responsable exógeno a los cortes que afectaron a 300 mil familias (pueden agregarle a este número la cantidad que suelen quitar los datos oficiales). No es justo que en los ministerios intenten explicar que el problema no es sino de distribución…

Finalmente, porque no quiero dejar la sensación de que pasar a usar lamparitas de bajo consumo (y descartar las incandescentes) es un paso erróneo, invito a todo el mundo a participar de la campaña de Greenpeace, que propone denunciar al edificio público que no se sume al cambio. Dale al clic. Siga leyendo >>>