(Selección de Josep Valls).

La publicidad oficial se ha convertido en una herramienta de extorsión y censura

. miércoles, 13 de agosto de 2008


Por Martín R. Santos. En un fallo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó sentencia a favor del diario Río Negro en el amparo que este presentó contra el gobierno de la Provincia de Neuquén, que, en represalia a una investigación sobre corrupción en la cual se ligaba Poder Ejecutivo, decidió retirarle toda la pauta oficial.
La Corte consideró que la actitud del Gobierno “configura un supuesto de presión que
lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa” y ordenó que cesara en su práctica de asignar fondos por publicidad oficial en forma discriminatoria.
Fue la primera vez que un tribunal superior de América Latina decidió en forma inequívoca que las manipulaciones en la asignación de publicidad oficial como represalia son violatorias de la libertad de expresión.
Fue una luz que debe marcar el camino a seguir en Argentina, que hoy sufre un Gobierno Nacional que utiliza la publicidad oficial de forma irresponsable, convirtiéndola en una mera herramienta de extorsión a los medios de comunicación y que, al mismo tiempo, sufre la supervivencia de grandes medios que han convertido esa negociación por su autocensura en la principal fuente de ingresos y poder.
Ese camino de la Corte Supremsa es la única opción que parece viable para romper esa comunión, que sin dudas es un síntoma de cómo varios sectores están esforzándose en el despilfarro de democracia. Están tirando democracia al techo, como si en América Latina fuese algo tan fácil de comprar como la manteca.
Por suerte hay otros medios, con ánimo de trabajar para seguir estirando el record de democracia ininterrumpida que está viviendo este país, que van más allá de esas miserias y que -por ahora- se animan a anunciar y difundir un informe como el que realizaron la Asociación por los Derechos Civiles y la Open Society Justice Initiative, acerca del abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina.
Dicho informe lleva el título de "El precio del silencio" y pueden leerlo haciendo clic aquí.